La movilización en forma de protesta por parte de un grupo de indígenas, con el fin de llamar la atención del mundo sobre las matanzas que en 1980 cometía el Ejército guatemalteco en Quiché bajo las órdenes del general Fernando Romeo Lucas García, fue el preludio del caso de la quema de la Embajada de España en Guatemala, un suceso aún sin resolver en la justicia.

Hasta el momento no hay una sola condena y la única conclusión es que la muerte de 37 personas sigue en la impunidad. También persisten algunas de las causas que motivaron el movimiento indígena de esa época y ahora tampoco existen canales para afrontar la conflictividad, y el incidente de la Cumbre de Alaska es un ejemplo ilustrativo.

El jueves 31 de enero de 1980, en la 10 calle 6-20 de la zona 9, un grupo de 27 personas ingresó a la sede de la Embajada de España en Guatemala. La mayoría de origen indígena de Quiché y algunos estudiantes. Su propósito en la sede diplomática española era denunciar al mundo las matanzas que se cometían contra la población originaria por el Ejército, al mando del general y presidente Fernando Romeo Lucas (1978-1982).

Según el caso Ilustrativo 79 de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), a partir de 1977 muchos pobladores maya ixil y kichés’ de ese departamento, principalmente de los municipios de Chajul, Nebaj, San Juan Cotzal y San Miguel Uspantán, sufrieron bombardeos, represión, desaparición y matanzas.

Días antes, los indígenas viajaron en camionetas hacia la Capital. Al llegar encontraron a pobladores de otras localidades que también iban a hacer la misma petición: exigir el respeto de sus derechos. Entre las personas que encontraron figuraba Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992.

No obstante antes de llegar a la Embajada, visitaron medios de comunicación pidiéndoles la divulgación de una denuncia contra el Ejército por la masacre ocurrida en Chajul, pero en ese entonces las autoridades castrenses monitoreaban las publicaciones pues no querían que se diera a conocer las violaciones a los derechos que se estaban cometiendo, por lo que la denuncia no se publicó.

“En la ciudad Capital los campesinos recorrieron muchos lugares para que sus denuncias encontraran eco y fueran atendidas. Todo fue en vano. Se les impidió el acceso al Congreso Nacional de la República cuando intentaban solicitar que se formara una delegación para que visitase los municipios y verificara los hechos que motivaban sus protestas. El grupo no logró obtener el apoyo que esperaba del Congreso Nacional”, señala la CEH.

Sin embargo, estudiantes de la Universidad San Carlos (Usac) y militantes del Frente Estudiantil Revolucionario Robín García (FERG), algunos sindicatos y diversas organizaciones populares se unieron a sus demandas. “En vista de que todas la vías formales para conseguir una respuesta de las autoridades se habían agotado, buscaron otros medios para alcanzar sus objetivos”, subraya el informe. En consecuencia, analizaron la posibilidad de ocupar una iglesia o una representación diplomática.

En el Caso Ilustrativo 79, de la CEH, se citan las declaraciones de un testigo, que señala: «Se barajaron distintas posibilidades sobre cuál embajada podía ser y se trató de buscar con un criterio operativo y político, al mismo tiempo la embajada que prestara mejores condiciones operativas, que fuera accesible y que se pudiera llevar a cabo esta ocupación, pero político también, buscando que fuera de un gobierno democrático, que, por lo menos, no tuviera una actitud contraria y más bien pudiera servir de intermediario para encontrar una solución».

Así se decidieron por la sede diplomática española.

LA OCUPACIÓN
Ese jueves el embajador Máximo Cajal y López se encontraba en su despacho, atendiendo una reunión con Adolfo Molina Orantes, ex ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Cáceres Lehnhoff, exvicepresidente de la República de Guatemala, y Mario Aguirre Godoy, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad San Carlos
A eso de las 11:30 un grupo de 22 campesinos, y 5 estudiantes ingresaron al consulado. Arriba, el secretario de la Embajada, Jaime Ruiz del Árbol, ingresó al despacho de Cajal para pedirle que saliera, porque le necesitaban. Según la declaración de Aguirre Godoy, que logró escapar, el exdiplomático le dijo al Secretario que recibiera las peticiones para atender a los manifestantes al final de la reunión con los juristas.
Sin embargo, Ruiz regresó más nervioso. Esta vez para informarle que los ocupantes habían cerrado las puertas de la sede. En ese momento llegó el Embajador hasta la planta baja del edificio. Los pobladores le expusieron a Cajal las causas por las que tomaban la Embajada, así como sus propósitos y peticiones.
 «Toda esta injusticia, toda esta maldad y toda esta cobardía del Ejército Nacional es lo que venimos a denunciar a la Capital, pero también aquí fuimos perseguidos y amenazados por las fuerzas represivas. Los periódicos y las radios no querían publicar nada porque también sus trabajadores han sido amenazados de muerte por el Gobierno (…) por todos estos hechos no nos ha quedado otra alternativa que permanecer en la Embajada de España como la única manera de hacer llegar nuestras denuncias a todo el pueblo de Guatemala y a los pueblos del mundo», cita el CEH. 
Cajal trató de impedir la ocupación, garantizándoles que sus demandas llegarían al Gobierno Español y a otros gobiernos amigos, pero los ocupantes iban dispuestos a continuar varios días en la embajada, ya que traían consigo grandes cantidades de alimentos.
Entre tensiones, al cabo de unos 15 minutos se presentaron los primeros policías ante la Embajada. En ese momento, el embajador hizo extensivos intentos de comunicarse con las autoridades guatemaltecas, principalmente con Gobernación, pero la sede fue rodeada por decenas de agentes de seguridad, entre ellos el Jefe de la Sección de Investigación Especial, Comando Seis, de la Policía Nacional (PN), Pedro García Arredondo.

EL INGRESO
El expediente 1071-1980-547 de la Fiscalía de Derechos Humanos, Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, ha permanecido en impunidad por 32 años. La causa inicia con la descripción de García Arredondo; un hombre que ahora tiene 69 años y originario del departamento de Santa Rosa, quien al asumir el cargo como elemento policial (del el 1 de agosto de 1978 al 21 de agosto de 1980) se suscribió a lo estipulado en la Ley Orgánica de la Policía Nacional: Proteger la vida y la seguridad de las personas.

Sin embargo, el día cuando los pobladores ocuparon la sede diplomática se olvidó de todo. García Arredondo iba acompañado de Reynaldo Aroldo Paniagua Cordero, quien era tercer Jefe e Inspector de la PN y Gonzalo Pérez Vásquez, ex Primer Jefe del cuerpo policial. Todos se dirigieron en operación de asalto a la Embajada Española, según consta en la investigación.

El propósito era ejecutar las órdenes giradas por sus superiores jerárquicos, Romeo Lucas García, presidente de la República; Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación y el coronel German Chupina Barahona, director General de la PN. Estos le indicaron “que nadie saliera vivo de la Embajada”, según consta en la acusación contra el exjefe del Comando Seis.

A pesar de las solicitudes, ingresaron a la fuerza. A la vez, García Arredondo «impidió, obstaculizó, medió y autorizó el corte de las líneas telefónicas, y ordenó el ingreso de las fuerzas de seguridad”, reza el documento.

Según los documentos, los ocupantes, al verse rodeados, subieron al segundo piso para refugiarse en el despacho del Embajador, sin embargo, en su interior no solo se encontraban campesinos y estudiantes, pues también había ocho funcionarios y empleados de la sede, así como dos personas que visitaban el lugar. Todos fueron empujados hacia la oficina de Cajal.
Mientras tanto, decenas de agentes uniformados y algunos de civil de la PN, policías judiciales y miembros de la Inteligencia del Ejército, fuertemente armados, daban inicio al asalto de la sede; armados con metralletas, fusiles, pistolas y revólveres ingresaron por los jardines, escalaron los balcones hasta llegar al techo, donde intentaron practicar una abertura para acceder al interior.
Los ocupantes cerraron la puerta del despacho del Embajador, utilizando como trancas un sofá y una consola. Seguidamente la Policía empezó a derribar la puerta a golpes.
“Los ocupantes pedían la presencia del presidente de la Cruz Roja, Sr. Bauer Arzú, que subieran periodistas para garantizar que no los mataran y un bus para trasladarse de inmediato a la Universidad de San Carlos. La Policía se negó a aceptar condiciones. Utilizando hachas y picos, los agentes de seguridad rompieron la puerta e hicieron un orificio”, refiere la CEH.
Ninguna solicitud de negociación fue atendida por los agentes de seguridad. En el recinto donde se encontraban los 37 ocupantes y rehenes, y el Embajador continuaba pidiendo a gritos, pegados a la puerta, que se atendieran las peticiones. 

«SI MORIMOS, NOS MORIMOS TODOS».
Uno de los testigos relató que en el despacho del entonces ministro de Gobernación, Álvarez Ruiz, la secretaria entraba y salía. La orden era que ante cualquier llamada relacionada con la toma de la Embajada dijera que su jefe no se encontraba. También giraba instrucciones de encontrar una versión de los hechos para la prensa, “a modo de que no dejara mal al Gobierno”.
Mientras tanto, en la sede diplomática, al encontrar la puerta cerrada, los agentes la golpeaban para destruirla e ingresar a la oficina. Otros subían el techo de la Embajada. El MP señala que fue García Arredondo quien indicó que abrieran un boquete en la terraza con un barreno “con la intención de darle muerte a los considerados enemigos internos”.
En medio del caos, desde su despacho, el diplomático gritó: «Esta gente está llegando al límite de la desesperación, han sacado cocteles molotov y aquí vamos a morir todos». Los policías contestaron: «Pues si morimos, nos morimos todos». El expediente del MP refiere que los elementos policiales empezaron a golpear la puerta con un hacha hasta derribarla.
Desde Madrid, España, luego de 33 años de trascurridos los hechos, Cajal brindó declaraciones por medio de video conferencia, como anticipo de prueba para el proceso que se diligencia contra García Arredondo.

Aunque admitió que muchos de sus recuerdos “ya no son suyos”, por la edad y el tiempo trascurrido, relató lo que vivió ese día.

“Rompían con hachas la puerta, me insultaban, me decían que estaba de acuerdo con los ocupantes, y yo trataba de negociar con la personas que en cada ocasión venía adelante, puesto que nadie se responsabilizaba, no tenía un interlocutor”, recordó.

El exdiplomático contó que la PN nunca desistió, siguió intentando abrir la puerta, “parecía como una película de terror, en que se abre una rendija que va agrandándose”, hasta que en un momento determinado lo que quedaba de la puerta se vino abajo y “en ese momento se oyeron unos disparos y se produjo el incendio”.
Momentos antes, un ciudadano español y un empleado de la Embajada que se encontraban en el exterior del recinto, en la puerta de entrada, vieron cómo un policía subía las escaleras en dirección al despacho del Embajador cargando un artefacto. “Advirtieron que no se trataba de un arma para disparar gases lacrimógenos sino que, según técnicos españoles, debió ser un lanzallamas o un expulsor de gas inerte”, señala la CEH.
En los folios del MP, un testimonio reitera que escuchó que por radio un jefe de las fuerzas dijo que “no quería a uno vivo, ni un testigo vivo”. Posterior también vio a un PN con una especie de lanzallamas.

EL INCENDIO
Aunque existe controversia en relación a lo que desató el siniestro, puesto que hay teorías que incluso refieren que los ocupantes se inmolaron, lo cierto es que 37 personas murieron carbonizadas, y 33 años después el caso aún no ha logrado esclarecerse.
«Se considera muy probable que se utilizara gas inerte o algo similar, lo que produce parálisis inmediata del atacado (…) por las condiciones del lugar, la postura petrificada de los cadáveres, su posición frontal y la no carencia de oxígeno en el cuarto de la tragedia, no parece posible concluir que la gasolina de un coctel molotov haya terminado con todas las vidas», señala la CEH, citando el Informe del Estado Mayor del Ejército Español, con fecha 30 de abril de 1981.
 Uno de los datos que llama la atención es que el fuego duró aproximadamente 3 minutos, y según los exámenes forenses, los cadáveres tenían quemaduras de tercer y cuarto grado. Pasaron, sin embargo, 10 minutos hasta que una unidad de bomberos pudo actuar, unas cuatro horas después de la toma de la Embajada.
«(…) [En las fotos] todos los cadáveres están apilados en una esquina unos sobre otros (…) lo que da la impresión es de alguien que se va para atrás (…) tuvo que haber sido algo muy fuerte, como un lanzallamas, para que se hayan ido para atrás y empiezan a caer unos encima de otros (…) además, la mayoría está bocarriba y con los brazos abiertos (…). Gregorio Yujá sobrevive porque está hasta abajo (…) la ropa de los de encima está totalmente quemada, la de los abajo no (…) lo que da la impresión es de un fuego muy violento y muy corto, y una explosión (…) me imagino por los gases que debió haber algún tipo de explosión porque había cuerpos abiertos y carbonizados. Había ojos saltados (…) entonces fue una cosa muy violenta. (…) recibió una llamada de un médico que estaba trabajando en una dependencia del Estado, que le dijo que él había participado (…) en la autopsia (…) explicó que su experiencia había sido que ese tipo de muerte por la forma en que habían sido quemados y por la forma en que habían quedado los cuerpos, sólo lo produce el fósforo blanco (…)», señala la declaración de un testigo que pudo ver los cadáveres después de los hechos.
Otro testigo que acudió a la morgue para recuperar los cadáveres relata: «No se me olvida la tarea titánica de separar los cadáveres carbonizados uno de otro (…) los separábamos y se despedazaban. La parte de un cuerpo se quedaba pegada en otro, se fundieron”.
Las pertenencias de las víctimas se fundieron con ellos. Un reloj se detuvo para siempre. Eran las 15 horas con 10 minutos, del jueves 31 de enero de 1980, cuando 37 acabaron.

¿LA HISTORIA SE REPITE?
Luego de 33 años de ocurrido la tragedia que cobró la vida de 37 personas, hoy persisten muchas de las causas que motivaron el movimiento indígena de esa época y aún ahora, no existen canales para afrontar la conflictividad, y el caso de la Cumbre de Alaska es un ejemplo.

Al cuestionarse lo que manifestaban aquellos campesinos, se concluye en que los problemas son los mismos que hoy se repiten: La violación de sus derechos fundamentales y la falta de diálogo frente a un gobierno, una prensa, y una sociedad ciega y sorda a sus demandas.

Tal fue el caso de los hechos ocurridos el 4 de octubre del 2012, cuando un grupo de pobladores de los 48 Cantones de Totonicapán, salieron a manifestar contra el alza de la energía eléctrica, las reformas constitucionales y las reformas a la carrera magisterial, entre otros puntos.

Ese trágico día, en la Cumbre Alaska, ubicada en el kilómetro 170 de la Carretera Interamericana, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaban al grupo de manifestantes, pero momentos después elementos del Ejército de Guatemala se presentaron para desalojar a los pobladores.

Ante la acción de los soldados, los manifestantes empezaron a lanzar piedras con la aparente intención de acorralar a los efectivos militares, pero estos lograron retroceder. Así, los inconformes arremetieron en contra de un vehículo del Ejército hasta incendiarlo.

En ese momento estalló un confuso enfrentamiento entre el Ejército y pobladores, provocando la muerte de siete personas y más de 34 heridos, hechos que aún hoy, son investigados.

Derivado de los sucesos fueron capturados y sujetos a proceso penal por el delito de ejecución extrajudicial nueve militares, entre ellos el coronel Juan Chiroy Sal, a quien se le responsabiliza por haber abandonado a su tropa.

¿Cambiará la forma de atender la conflictividad?