Veintisiete años han transcurrido desde la promulgación de la Constitución de 1985 y la misma cantidad de años han sucedido en adoración de un documento que más que magna, ha sido soberbia y perversa porque la misma sintetiza impecablemente el plan estratégico de una guerra contrainsurgente que seguiría, pero por la vía de la política institucionalizada a partir de la “restauración democrática”.

Ya la guerra estaba ganada por las armas desde 1983, y además el aire democrático de corte republicano de orden mundial llegaba inminentemente. Las celebraciones de Estado en el hoy por la vida de dicho instrumento normativo, borra las razones del ayer con el riesgo de distorsionar la memoria. El que se cree vencedor siempre se encargará como en toda contienda, de  imponer su visión de verdad para legitimar de esta manera su hegemonía en el tiempo. En el caso de este país, esa “verdad” quedó registrada nada menos que en la carta constitucional, en la normativa que ordena el talante de Estado que tendríamos a partir de aquella transición hacia la democracia. Esa carta de navegación política nos conduciría no por el camino de  la ruptura sino del continuismo, como lo analiza Aquiles Linares en su ensayo “la Constitución guatemalteca de 1985”. La Carta Constitucional tendría pues a partir de su promulgación un doble efecto ideológico y político, pues por un lado las nuevas generaciones mamarían los valores contenidos en una constitución que realzaba la legitimidad de un Estado de derecho de esencia contrainsurgente, es decir, el valor de la justicia, la libertad y la igualdad; y por el otro, se garantizaba la imposición de poder total, puesto que se implementaba un ordenamiento jurídico legitimado por un instrumento hecho a la medida.  Ya desde 1982 la Junta Militar de Gobierno compuesta por los generales Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado  y por el coronel Francisco Gordillo, empezarían a trazar la transición hacia la democracia de tono continuista, a través del llamado “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo”. Lo que conocemos hoy como el sistema de partidos políticos o el sistema electoral, junto a todas sus desviaciones y espurias representaciones tiene su génesis en Decretos Leyes promulgados por el mando militar entre 1983 y 1984. El propósito continuista legitimaría pues la extensión del proyecto contrainsurgente y anticomunista de la guerra interna, con la promulgación de una Constitución calzada a la medida que, además, serviría de garantía jurídica para la extensión del lucro desbordado de la clase oligarca. Ese fue el pacto del 85, oligarcas y militares suscribiendo la impunidad con un traje democrático y ropa interior de color impune. De ahí pues que no debe ser causal de asombro, rasgos como los siguientes: la debilidad institucional de los partidos políticos, la privatización de la política, la cooptación del sistema de justicia, la falta de recursos tributarios, procesos de desciudadanización, entre otros. Con el tiempo el paraguas constitucional empezaría a dejar pasar la lluvia, su impermeabilidad se haría débil y la contradicción aparecería cada vez más evidente en la derecha dominante, en la medida que el capitalismo acentuó su fase de globalización. Los valores liberales y republicanos que se registran en la Constitución nada tienen que ver con los valores libertarios neoliberales que enarbola esa derecha. La incoherencia pues ha llevado al Estado a una forma de no Estado, por lo que ese paraguas deberá ser reparado con nuevas costuras, unas muy fuertes que remienden aquellas incongruencias que ponen en peligro el proyecto de la derecha libertaria, pero la esencia será la misma. De ese carácter será la reforma que se avecina.