La sala de trabajo de Derechos Humanos del Congreso de la República, una comisión de escasa producción legislativa, aunque el país ha sido condenado constantemente de violaciones en este campo, no existe ningún pronunciamiento en los últimos dos años.
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La comisión -de carácter constitucional- ha sido presidida en las dos últimas gestiones por el Frente Republicano Guatemalteco; actualmente es el diputado Mario Israel Rivera Cabrera quien la tiene a su cargo, mientras el año pasado la presidió Carlos Enrique Bautista Godínez.
Ambos legisladores representan a dos de los departamentos más golpeados durante el conflicto armado interno, Quiché y San Marcos, lugares donde su población aún sigue sufriendo las secuelas de la guerra.
Para algunos analistas de derechos humanos, el país carece de una auditoría política y la fiscalización de casos de alto impacto que sacuden a la sociedad guatemalteca y que no reciben atención; la debilidad que posee una comisión dentro del Congreso alimenta un clima de desatención en el tema.
Según Luis Ramírez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, IECCP, existen dos razones para otorgar la presidencia en esa sala de trabajo: para silenciarla estratégicamente o colocar a un diputado con un desconocimiento sobre los temas que le competen.
El analista reconoce que la actual comisión no ha tenido una postura activa en el tema, quizá por la representación partidaria que la respalda; «es una bancada que no ha tenido mayor interés en los derechos humanos; cualquier tema que quiera destacarse sienten que les afecta», dice.
INACTIVO
Por el hecho de nacer bajo cobijo constitucional, la comisión debe, por obligación, pronunciarse en casos como tortura policial, malos tratos a detenidos, condiciones de los reclusos, el respeto al debido proceso y en el tema de los migrantes; sin embargo, en ninguno de estos casos han tenido protagonismo.
Otros expertos agregan que hay temas que deben ser atendidos en dicha sala, tales como los pilotos asesinados, desalojos de campesinos, supuestas ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en barrios marginales, tema minero en San Marcos y San Juan Sacatepéquez.
Cuestionan también la falta de pronunciamiento en casos como el crimen del empresario Khalil Mussa y su hija Marjorie; los asesinatos del periodista Rolando Sántiz y del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano.
MUJERES Y MINERíA
Ixina Ajsac, abogada asesora de grupos de mujeres mayas, también reprocha que la Comisión de Derechos Humanos no se preocupe de fiscalizar. «Las mujeres han sido víctimas del despojo de tierras como consecuencia de la actividad minera», explica.
«Las mujeres que defienden sus tierras tienen orden de captura por los tribunales porque a ellas se les acusa por la otra parte en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos «, denuncia.
También hay alertas que en Retalhuleu, al sur del país, las mujeres afrontan problemas de la tierra y viven en conflicto, temor y persecución sin que ninguna institución salga en su defensa, comenta.
La organización Oxlajuj Ajcuap, cree que: «Aquí en Guatemala urge hablar sobre el pluralismo jurídico, porque ni funciona el sistema de justicia, ni funcionan los organismos aunque haya modernización».
Claudia Samayoa, de Convergencia en Derechos Humanos, opina que es bastante común que esa comisión no actúe, «la única vez que hemos visto que actuó fue con el problema de la finca Nueva Linda», recuerda. En esa ocasión (31 de agosto de 2004), mil agentes de la PNC desalojaron a mil 500 familias campesinas, en la finca Nueva Linda, Champerico, Retalhuleu; 12 personas murieron.
REHíšYEN
El diputado Julio Recinos, tercer vicepresidente de la Junta Directiva y encargado de recibir reportes del trabajo de las 47 salas de trabajo del Congreso, dice que la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos le reporta informes mensuales pero «no recuerda» el contenido de cada uno hasta hoy.
Este vespertino intentó hablar y conocer la versión del diputado Rivera; sin embargo, rehuyendo se limitó a responder tajantemente: «no lo puedo atender». La Procuraduría de los Derechos Humanos recuerda una situación similar con el legislador, cuando en la entrega del último informe del 2008, dejó plantado al procurador Sergio Morales.
La Comisión nace con la Constitución Política de la República en 1986.
Fue creada para evitar más desmanes de la guerra armada interna
Frenó la sistemática violación de derechos humanos.
Evitó más muertes sumarias como en los años 80 bajo régimen militar.
Tiene su propia ley y propio presupuesto.
Integrada por partidos políticos representados en el Organismo Legislativo.
Vinculada con el Procurador de Derechos Humanos.
Presenta la terna para elegir Ombusdman cada cinco años.
Emitir informes y opiniones sobre tratados y convenios de Derechos Humanos.