Las asombrosas revelaciones del profesional del Derecho han originado un escándalo polí­tico con repercusiones no sólo nacionales sino también internacionales, al grado que los ojos de todo el mundo están puestos sobre Guatemala.

A estas alturas es difí­cil dudar de la autenticidad del video y como dijo ayer el ex presidente Vinicio Cerezo durante una entrevista radial, lo que se va a tener que discutir a nivel de la justicia y de los sectores polí­ticos, es la veracidad de las acusaciones, pues las mismas son muy serias y obligan a los funcionarios del gobierno y al gobierno mismo, a brindar todo el apoyo que sea necesario para que las instituciones del Estado puedan llevar a cabo la investigación dentro de un marco de total independencia.

Desafortunadamente, el caso se está desviando hacia una politización que podrí­a resultar peligrosa para el futuro de la institucionalidad democrática de Guatemala.

En clara referencia a la grave crisis que afronta el paí­s, en la que incluso algunos sectores están demandando la renuncia del presidente de la República, ílvaro Colom, conviene subrayar que son comprensibles y legí­timas las exigencias de los familiares, amigos del licenciado Rosenberg, para que este caso no quede en la impunidad. Pero también es legí­timo el derecho de la presunción de inocencia que garantizan las leyes del paí­s para las personas acusadas en el video, mientras no haya un fallo firme de los tribunales competentes.

En este sentido es oportuno el llamado que en las últimas horas formuló el Consejo de la Unión Europea (UE) reunido en Bruselas, para que los diferentes sectores del paí­s actúen en este caso con cordura, prudencia y madurez.

Coincidimos plenamente con el planteamiento de los europeos, sobre que se debe privilegiar una investigación imparcial e independiente, a la altura de las trágicas circunstancias que hoy tienen hundido al paí­s en una vorágine de impredecibles consecuencias.

Consideramos que la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, organismo de las Naciones Unidas, acompañando la investigación a cargo del Ministerio Público, es una garantí­a para el desarrollo de las pesquisas. Pero hay que dejar trabajar a sus miembros sin presiones de ninguna naturaleza, para que al final sea posible conocer la verdad. Hasta ahora no hay razón para dudar de la objetividad ni de la autonomí­a de esa Comisión.