Es atinada la decisión del presidente Otto Pérez Molina, de solicitarle al Congreso de la República que postergue la deliberación sobre el proyecto de reforma constitucional que él propone. Si se postergara, entonces casi 200 millones de quetzales que tendrían que asignarse para celebrar, en el próximo año, una consulta popular que ratificaría o no ratificaría la aprobación del proyecto, podrían asignarse para reconstruir el país, parcialmente devastado por el terremoto que ocurrió el pasado 7 de Noviembre.
El presidente Pérez Molina declaró que si debe elegir entre “la reforma constitucional y la reconstrucción del país”, elige la reconstrucción. Es una elección correcta humanamente, porque urge más socorrer a las víctimas del terremoto, que someter a consulta popular la reforma de la Constitución Política de la República, que él propone. Es también una elección correcta económicamente, porque si fuera posible una cuantificación de costo y beneficio, el beneficio de asignar los escasos recursos para socorrer a las víctimas sería mayor que el costo de asignarlos para celebrar la consulta. Finalmente, es una elección correcta políticamente, porque podemos presumir que el ciudadano preferirá que los recursos sean asignados para socorrer a las víctimas, que para celebrar la consulta.
Ese acierto del presidente Pérez Molina fue precedido por otro, que consistió en que él decidió dedicarse a conducir el proceso de reconstrucción. Como parte de esa dedicación, desistió de participar en la Cumbre de Negocios de México (en la que sería uno de los oradores principales), y en la XXI Cumbre Iberoamericana de Cádiz. También desistió de viajar al Estado de la Ciudad del Vaticano, en donde celebraría un encuentro con el papa Benedicto XVI. Presumo que los gobernantes que participaron en aquellas cumbres, y el mismo papa, se congratularon por la decisión del presidente Pérez Molina.
La decisión presidencial de conducir el proceso de reconstrucción es, no ya conveniente, sino necesaria para evitar que las ineficiencias ministeriales, los procedimientos burocráticos, las repentinas oportunidades de corrupción, los acechantes intereses electorales, el ansia de exhibición publicitaria, las disputas por méritos, la rivalidad política, la irresponsabilidad, la incompetencia o la negligencia, demoren absurdamente el proceso de reconstrucción, y multipliquen ingratamente el sufrimiento de las víctimas; el sufrimiento, por ejemplo, de por lo menos cinco mil familias cuya casa es inhabitable.
El presidente Pérez Molina le ha solicitado al Congreso de la República que la deliberación sobre el proyecto de reforma constitucional que él ha propuesto, sea postergada durante seis meses. Es un tiempo que él podría aprovechar para meditar con más profundidad conceptual, serenidad analítica y frialdad política, y también para actuar con más espíritu consultivo, sobre el proyecto de reforma. La intención sería, no precisamente complacer a todos (lo cual es imposible), sino tener la sensata certeza de que, con fundamento en la ciencia y en la filosofía del derecho, la reforma propuesta es idónea para perfeccionar el fundamento jurídico del Estado de Guatemala.
Post scriptum. El Congreso de la República puede aceptar o no aceptar la solicitud del presidente Pérez Molina, de postergar la deliberación del proyecto de reforma constitucional. Empero, esa solicitud manifiesta el atinado propósito de asignar los escasos recursos para lograr una finalidad más urgente, que es la reconstrucción del país, y no la celebración de una consulta popular.