Nadie puede oponerse a cualquier esfuerzo para promover la aplicación de la justicia y el combate a la impunidad, por lo que en principio puede sonar interesante la idea lanzada al aire por el presidente ílvaro Colom cuando dijo que su gobierno pediría la ampliación del mandato de la CICIG no sólo en el tiempo, sino que también para que pueda investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Sin embargo, plantear una ampliación de mandato con tales características justo en momentos previos a una elección y sabiendo cómo se mueven las fuerzas políticas en nuestro medio, hace pensar más en un propósito de acabar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que en fortalecer su presencia en el país.
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Una ampliación de mandato que implique abarcar los delitos cometidos durante el conflicto interno estaría condenada a morir en el Congreso de la República que por fuerza tendría que aprobar específicamente ese cambio en el objetivo que ya fue establecido y que se refiere a combatir los grupos clandestinos que operan en las estructuras del Estado. Si el Congreso no aprueba ni siquiera la ley de extinción de dominio para no afectar intereses muy concretos, cómo puede pretenderse que el pleno de los diputados apruebe una modificación de ese calibre en el mandato de la CICIG.
Ni siquiera entro a considerar lo que ven algunos analistas, en el sentido de que se pueda tratar de una maniobra electoral para ponerle obstáculos a la candidatura de Pérez Molina, porque eso significa que uno considera que existe siquiera una remota posibilidad de lograr acuerdos en el Organismo Legislativo para asegurar los votos que permitan modificar el mandato de la Comisión.
Pienso que las únicas posibilidades están en que la expresión del Presidente haya sido una de las tantas que se dan en las que no hay ni reflexión ni real propósito sino que son simplemente palabras soltadas sin ton ni son, o que se trate de una maniobra bien meditada para acabar con la CICIG para impedir que puedan investigarse vínculos de autoridades actuales con esos poderes clandestinos que, curiosamente, son los mismos que están en la mira de la CICIG por el caso Portillo. En otras palabras, hilando más fino, tiene que concluirse que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha realizado algún trabajo importante en la línea de su mandato y eso puede resultar inconveniente para quienes han sostenido vínculos con los grupos que han operado clandestinamente en el manejo de importantes y fuertes negocios relacionados con la corrupción, el contrabando y el narcotráfico.
Entendiendo que el Gobierno no ha sido capaz ni siquiera de lograr la ampliación presupuestaria que es vital para que pueda cumplir con sus más elementales obligaciones presupuestarias, cómo puede alguien con dos dedos de frente pensar que en ese mismo Congreso se pueda lograr un mandato ampliado para que la CICIG investigue los crímenes de guerra que siguen siendo uno de los puntos más conflictivos de todo el llamado proceso de paz.
Si la misma CICIG actual, con su mandato limitado a los grupos clandestinos, estuvo a punto de sucumbir en el mismo Congreso por interferencias de gente allegada al actual Presidente de la República, es natural que se piense que una iniciativa como la lanzada por el mandatario no persigue sino la intención de sonarse de una vez por todas a la Comisión para evitar que más allá de septiembre del año entrante pueda seguir en su esfuerzo de combatir las mafias que se conforman por esa vinculación entre políticos y grupos clandestinos.