El pasado 28 de los corrientes, el matutino Prensa Libre publicó una noticia relativa a las declaraciones de la señora Rosa Dolores Guiza Ruiz, dentro del juicio que por el delito de peculado se sigue en contra de los exmilitares Jacobo Salán y Napoleón Rojas.

El proceso en cuestión es uno de tantos promovidos  en relación a la “desaparición” de hasta 490 millones de quetzales que simplemente se esfumaron en el gobierno de Alfonso Portillo  y que provenían del presupuesto del Ministerio de la Defensa, en una suerte de actos y hechos que más parecen sacados del guion de una película de humor negro que de la historia de un país y su manejo de fondos públicos.

Lo relevante de la declaración testimonial de la señora Guiza, es que esta indica que fue el entonces general Ríos Sosa, jefe del Departamento de Finanzas del Ministerio de la Defensa, quien le indicó que 120 millones de los ya relacionados debían de salir bajo la modalidad de “secreto militar”, emitiendo para el efecto unas certificaciones que acreditaban dicha calidad.

El caso es que Guatemala en el 2001, cuando sucedieron los hechos y hasta el día de hoy, no tiene más enemigos visibles que su propia gente. Los unos por callar, hacernos de la vista gorda y dejar que aquí de todo pase, y los otros por empecinarse en llegar al Gobierno y saciar todo aquello que su incapacidad les ha impedido tener.

No tenemos amenaza de guerra, no hay más conflicto interno y la única posibilidad de ejercitar nuestra voluntad guerrera se ve  achicopalada por un par de aviones británicos en la línea divisoria con Belice. No hay razón alguna para que exista la necesidad de manejar fondos públicos bajo la figura de secretos militares y que existan hace que cualquier persona, con cuando menos dos dedos de frente, piense  que la necesidad de tener una figura como esta nace del deseo de ocultar el manejo de fondos públicos e impedir que se ejerzan los controles necesarios para determinar en qué, cómo y cuándo son invertidos esos recursos que pertenecen a todos los guatemaltecos.

Los precedentes de este caso no son alentadores, ya Alfonso Portillo fue absuelto en otro caso  que implicaba parte de estas millonarias sumas. De igual manera Ríos Sosa y otro grupo de militares fueron beneficiados en otro de los procesos y todo parece indicar que el destino de esos 490 millones quedará como el argumento utilizado para adueñarse de ellos, un secreto, algo totalmente innecesario que no hace más que hacer que las cosas que parecen malas puedan resultar peores.