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Lorena Cabnal, representante de la Asociación de Mujeres Xincas de Santa María Xalapán, del departamento de Jalapa; y miembro de la organización civil Acción Comunitaria Xinca, aduce un etnocidio cultural, debido a que las autoridades del Estado han excluido por completo a gran parte de su población, en los censos poblacionales que se han hecho.
Como consecuencia de ello, su población ha tenido poco acceso a derechos fundamentales, y gran parte de ella sobrevive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, según Cabnal.
La entrevistada cita una investigación reciente que se refiere a la discriminación por sexo, que afecta a la niña en su acceso a la educación. La misma se elaboró en 12 departamentos del país, en 2007; la información detalló que de cada 100 niñas xincas, solo 14 logran culminar la educación primaria, con muchas deficiencias.
Asimismo, se refiere a los altos índices migratorios hacia fincas de café en el Altiplano y en ocasiones hacia Chiapas, México, para faenas como jornaleros o hacia haciendas de Petén para trabajo de caballerizas.
«Hay un gran empobrecimiento y analfabetismo y un deficiente acceso a la salud», adujo.
PUEBLO ANULADO
Quelvin Jiménez, coordinador de la sede regional de Codisra en Santa Rosa y miembro de la etnia xinca, coincide con Cabnal, al asegurar que ha existido un marcado etnocidio estadístico porque desde el Estado se está anulando la existencia real de todo un pueblo.
El último Censo Nacional de Población y Habitación elaborado en 2002 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), da cuenta de la existencia de unas 16,214 personas sobrevivientes del pueblo xinca, lo cual representaba, hace ocho años, el 0.1%% del total de la población que habitaba en todo el territorio nacional.
«En Santa María Xalapán hay más de 75 mil habitantes en las 46 aldeas, 12 cantones, asentados en una extensión territorial de 397 caballerías de tierra, que no están registrados», señaló la lideresa.
Históricamente la población xinca se ha concentrado en el Oriente del país, en los departamentos de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa; sin embargo, se ha discutido en muy reducidas o en casi nulas oportunidades sobre el cumplimiento de sus derechos, en la agenda pública.
Según estimaciones de la sede regional de la Comisión contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), ubicada en Cuilapa, Santa Rosa, se tienen identificadas unas 200 personas representantes del pueblo xinca.
Jiménez menciona que la mayor cantidad de esta población se concentra en el departamento de Jalapa, específicamente en los municipios de Santa María Xalapán, San Carlos Alzatate y en Monjas.
En el departamento de Santa Rosa se ubican en los municipios de Nueva Santa Rosa, la aldea Jumaitepeque, donde hay unos 15 mil habitantes, de los cuales el 85%% son xincas. El resto de las comunidades permanece asentado en Santa María Ixhuatán, Guazacapán, Chiquimulilla y Taxisco.
En tanto que en el departamento de Jutiapa tienen presencia en la cabecera departamental, en Yupiltepeque, Quezada y Comapa.
Una de las explicaciones que se hace para los resultados del INE, es que en sus encuestas se consultó a las personas si se consideraban indígenas o no, por lo que la mayoría pudo haber respondido negativamente.
«En alguna medida se puede deber a ello, pero no siempre, porque en el caso de Xalapán no se ha creado una estrategia para la agrupación veraz de los datos, solo se llega a una aldea y se le pregunta a equis persona, cuánta gente tiene la aldea, solo hacen estimaciones», dijo.
Además, consideró que la respuesta de la negativa de las personas se debe a la discriminación y racismo, que ha debilitado su identidad étnica.
«También es etnocidio porque en el caso de las autoridades de Jalapa se sabe de la existencia del pueblo xinca, porque hay manifestaciones culturales diferenciadas de los pobladores y pobladoras, pero por muy marcadas, las autoridades no tienen ni una sola política pública dirigida a la población indígena», adujo.
PERCEPCIí“N
A criterio de la lideresa xinca, los datos erróneos del censo han generado una percepción muy alejada a la realidad de las comunidades. Ella cita como ejemplo que hasta ahora se ha considerado el casco urbano del departamento de Jalapa, con alta presencia de población ladina, lo que ha influido que esa área, según las percepciones, haya sido excluido del mapa de pobreza del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).
«Hay una tendencia de pensarlo (al pueblo de Jalapa) como un pueblo altamente ladino, ganadero y terrateniente», indica Cabnal.
Lucha por recuperación de la tierra, en 2006, cobró la vida de un poblador durante un desalojo y dejó 35 personas presas, porque la finca Gertrudis, ubicada en Xalapán, tiene como dueños a militares.
El 14 de julio pasado realizaron una movilización masiva en el departamento, así como el pasado 4 de agosto, realizaron movilizaciones contra la actividad minera en la región, donde hay activas 15 licencias mineras y hay unas 16 más en espera de autorización.
Actualmente buscan reactivar la lucha por la recuperación de uno de los centros ceremoniales más antiguos del país, ubicado a la entrada del casco urbano de la cabecera departamental de Jalapa; recientemente fue comprado por el mayor terrateniente del departamento, quien ha impedido que el Instituto de Antropología e Historia investigue sobre el hallazgo de osamentas y vasijas ceremoniales, ya que pretende construir un centro turístico en ese terreno.