Con equipo y recursos insuficientes, dos decenas de policías de la Unidad Antiextorsiones de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la PNC, tienen que atender un enorme caudal de denuncias que sobrepasa su capacidad de logística y operación.
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Un informe de la PNC proporcionado a La Hora, da cuenta que sólo el año pasado se reportaron 2 mil 889 extorsiones, y los expertos de la institución policial refieren que en el 2010 el problema va en aumento.
En contraste, la unidad especializada en combatir extorsiones de la DEIC sólo cuenta con 20 policías en labores operativas, lo que proporcionalmente da cuenta que cada uno debería atender alrededor de 144 denuncias al año.
La comparación evidencia, también, que a cada agente le corresponde tramitar un promedio de 12 denuncias cada mes, lo que a decir de expertos, es un trabajo imposible de realizar con efectividad.
Esto repercute directamente en la capacidad de respuesta frente a los grupos criminales, que por su lado, tienen un montaje complejo con el que recaudan millonarias cifras de efectivo y recursos a empresas, comercios, hogares y hasta iglesias.
Prueba de ello, es que está comprobada la operación de bandas de extorsionistas desde los centros carcelarios, en donde no tienen que lidiar con medidas de seguridad y control.
De acuerdo con el experto consultado, las diferencias entre los policías y extorsionistas son un reflejo de la debilidad institucional de la PNC, que requiere de un profundo trabajo de capacitación e inversión.
Pese a que las cifras alarmantes, la realidad es aún más preocupante, existe un importante subregistro de extorsiones que no son reportadas a la PNC, y que al sumarlas al trabajo de la Unidad Antiextorsiones, su procesamiento será casi imposible.
PAGA O MUERE
«Esto no es ninguna broma, tómenlo en serio, ya que si no cumplen mataremos a toda su familia, no quedará nadie vivo… queremos la cantidad de Q25 mil, no queremos que llamen a la policía, tampoco que comenten esto con nadie, tampoco que intenten investigar este asunto o huir de su casa», cita una nota amenazante escrita a máquina, enviada por delincuentes a una familia de la zona 12, que prefirió abandonar su casa y no hablar más del asunto.
De acuerdo con vecinos de El Mezquital, Villalobos y Ciudad Real, estos hechos les quitan la paz y convierten su vida en «un calvario», porque prefieren pagar y no morir, en vez perder a un ser querido, pero están conscientes de que se convierten en una «caja fuerte» de la delincuencia organizada.
Los empresarios en general, pero principalmente del transporte urbano y extraurbano han sido el blanco de esta situación, varios han denunciado que los maleantes han lanzado bombas a los buses y dejado malheridas a decenas de víctimas, o bien envían gráficas con recortes de prensa con personas muertas para hacer presión.
Una amenaza de este tipo se cumplió el 13 de enero, cuando un artefacto explosivo afectó a por lo menos ocho personas, entre ellas, una niña de siete años, que estaban a punto de salir del predio en la 16 calle y 9ª. avenida de la zona 1.
El hijo del empresario de Transportes Sanaratecos dijo a la prensa, que creía que el incidente se originó por parte de uno de dos grupos de extorsionistas que hostigaban a esa ruta.
Los pequeños comerciantes de verdura en los mercados también han sido víctimas de estos hechos, pues se conoce que personas que ofrecen sus productos en las zonas 6, 18 y Mixco, deben pagar a los delincuentes para permanecer con vida.
SIN DENUNCIAS
La mayoría de afectados coincide en no denunciar, por temor a que la Policía y el Ministerio Público (MP) tenga complicidad con los delincuentes, o bien no actúe para protegerlos.
Nery Morales, portavoz del Ministerio de Gobernación, señala que la falta de denuncias hace más complicada la labor de las fuerzas de seguridad y los equipos de investigación.
«Es el primer paso; sin eso no podemos actuar. Es importante que la ciudadanía trabaje en conjunto con la PNC para poder encontrar una solución al problema», señaló.
Se intentó conocer por qué la División Especializada en Investigación Criminal únicamente tenía designados 20 agentes en el área operativa de la Unidad Antiextorsiones, sin embargo Morales no respondió.
NO VALE LA PENA
Por su lado, las víctimas dicen que no vale la pena denunciar, pues ya varias personas han muerto en el intento de evitar ceder a los chantajes de los delincuentes.
Una prueba de ello, fue el 7 de enero, cuando fue asesinado en San Miguel Petapa el estilista Enio Adán Herrera, a escasas horas de haber denunciado en la Comisaría 15 de la PNC, ser víctima de un asalto en su estética.
La víctima realizó la denuncia, después de recuperarse en un centro asistencial, pues quedó mal herido. Herrera reconoció a sus victimarios y los denunció, pero esta acción le costó la vida.
Ni la PNC ni el MP actuaron de inmediato para proteger al fallecido, pues la policía argumentó que la denuncia fue remitida a la segunda institución, pero ésta tampoco reaccionó.
Por su parte, Eleonora Muralles, directora de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads), reitera la importancia de denunciar los hechos delictivos, pues es la única forma de combatir la inseguridad y la impunidad que impera en el país.
Las bandas de extorsionistas tienen perfiles de operación. Algunos trabajan con distintos tipos de cobros a sus víctimas.
Cuota única: un pago fuerte que posiblemente se repite.
Cuota fija: Pagos en períodos y cantidades establecidos en un pacto
Cuota diaria: generalmente con cantidades «pequeñas», pero que sumadas son altas.
Los cobros no siempre son con efectivo; en ocasiones se exigen tarjetas prepago para móviles o bienes. Cuando se trata de fondos en efectivo, se realiza una transacción triangulada, de tal forma que a una persona -víctima de extorsión- se le obliga a abrir una cuenta y al otro extorsionado se le pide depositar allí. Posteriormente, el victimario exige un envío de efectivo.