La aprobación de la Ley de Extinción de Dominio se logró luego de una fuerte presión de distintos sectores de la sociedad y, justo es decirlo, de la misma comunidad internacional que ha visto con preocupación el avance del crimen organizado en nuestro país. Es, sin duda alguna, uno de los pasos más importantes en la lucha contra las mafias, aunque ahora queda por ver la capacidad institucional para hacerla funcionar y que no quede como una norma más de las muchas que ha emitido el Congreso y que tienen tanta aplicación como el reglamento que prohíbe que dos personas viajen en motocicleta o que exige el uso de chalecos para identificar a los motoristas.
La resistencia a la Ley de Extinción de Dominio fue tremenda porque unió a muchos sectores. Lo mismo se preocuparon por ella los políticos corruptos que los narcotraficantes; los miembros del crimen organizado y los empresarios que se enriquecen mediante actos de corrupción en contratos con el sector público. En otras palabras, fueron muchos los que vieron una amenaza a sus privilegios con la aprobación de esta ley y, por lo tanto, hicieron todo lo posible por impedir que fuera aprobada en el Congreso de la República.
Creemos que la visita del Subsecretario de Estado norteamericano en las horas previas a la discusión final en el Congreso terminó siendo providencial para que se lograra esa unanimidad de todos los diputados presentes a la hora de aprobar la norma legal, puesto que al reunirse con los jefes de bloque en la mañana de ayer quedó claro que Estados Unidos espera un compromiso de las autoridades guatemaltecas en la lucha contra el crimen organizado y la influencia de Washington no pasa inadvertida.
Coincidimos plenamente con el diputado Oliverio García Rodas, quien junto al también representante Mariano Rayo jugó un papel importante en la discusión y aprobación de la ley, en el sentido de que ahora que está la ley hay que hacerla funcionar y que no vaya a pasar lo mismo que con la Ley de Armas y Municiones o la Ley Contra el Crimen Organizado, que no han logrado su implementación práctica para constituirse en elementos de la institucionalidad en la lucha contra las distintas formas que adquiere la criminalidad.
Reconocemos el papel de los diputados que se presentaron ayer al pleno y, por las razones que fueran, dieron su voto a favor de esta crucial ley que puede constituirse en la herramienta principal de la lucha contra el crimen en el país. Entendemos que es apenas un paso, pero sí que lo vemos como un paso crucial y determinante que, si la sociedad mantiene la misma presión y exigencia, puede marcar la gran diferencia para combatir la criminalidad.