La decisión del Gobierno de suprimir los aranceles para varios productos de primera necesidad nos parece correcta como instrumento para atenuar el impacto que la crisis económica tendrá especialmente en los hogares más pobres del país que son los directamente amenazados por las consecuencias de esta difícil situación que estamos viviendo y frente a la que hay muy poca capacidad de maniobra.
Los aranceles que se han reducido eran los que existían como medida de salvaguarda para industrias locales luego de la firma del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, puesto que tienen la finalidad esencial de proteger a los productores locales. En este caso no se trata de impuestos cuya finalidad principal fuera la de proveer de fondos al fisco, sino de instrumentos de protección para sectores locales. La protección arancelaria persigue limitar las importaciones de productos extranjeros cuando los mismos son producidos por industria local que se encuentra en condición de cierta desventaja por los subsidios o por las condiciones del mercado mundial.
Pero ya que se habla tanto del libre mercado, hay que ver que cuando el mismo es para proteger a la población no debe ser atacado y cuestionado. Si el industrial local, por la razón que sea, no puede producir en condiciones similares a lo que Guatemala puede adquirir si se importa libremente el producto, no hay razón para que todo el país se sacrifique para protección de unos pocos. Es menester que exista una amplitud y que se abra efectivamente el mercado con la idea de que hay que favorecer a los más necesitados que en este caso son todos aquellos que estando en condiciones de pobreza o viviendo en el umbral mismo de la pobreza, serán los más castigados por la crisis que ya estamos sufriendo.
En condiciones normales se puede aceptar que existan condiciones de salvaguarda para proteger a la producción local, pero cuando lo que estamos viendo es una crisis terrible que amenaza con producir hambruna entre los guatemaltecos, no hay que ser demasiado sensible para entender que lo que se impone es la necesidad de aprobar medidas urgentes para evitar que el descalabro sea total y en ese sentido el Gobierno dio un paso importante. Creemos, además, que nuestros productores, como dicen los expertos en mercado cuando no les afecta a ellos el bolsillo, tendrán que ser más eficientes para continuar y de lo contrario deberán dedicar sus inversiones a otra cosa porque enriquecerse a costillas de la necesidad de la población es insensato e inaceptable. Por supuesto que sabremos que habrá oposición a la medida, pero la población deberá respaldarla porque le conviene a la gente más necesitada.