Las reformas promovidas por el gobierno de Álvaro Colom al decreto 57-2088, Ley de Acceso a la Información Pública, que pretenden que varios archivos militares sean incluidos como Información Confidencial Nacional, generaron un rechazo entre activistas y promotores de la libertad de expresión, quienes consideran la iniciativa como un retroceso en la transparencia. Distintos sectores de la sociedad se pronunciaron al respecto.

En 2011, el ahora expresidente Álvaro Colom presentó ante el Congreso de la República, a solicitud de la Comisión de Desclasificación de Archivos Militares, la iniciativa número 4328, que pretende incluir en ella el artículo 22 bis “Información confidencial de Seguridad Nacional”, otorgando al Presidente de la República la facultad exclusiva de clasificar varios archivos militares.
 
En esa iniciativa también se plantean reformas al artículo 23, excluyendo los numerales 1 y 2, que se refieren a asuntos militares y diplomáticos de seguridad nacional.
 
La propuesta empezó a conocerse por los parlamentarios el pasado 7 de febrero, sin embargo ha generado rechazo de organizaciones que velan por la transparencia.
 
Nery Rodenas, director de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado, ODHAG, señaló que esa entidad no está de acuerdo con la intención, pues considera que esta propuesta es una “agresión al avance que se ha tenido en los últimos años respecto al libre acceso a la información”.
 
El nivel de impunidad que podría generarse si se aprueban en el Parlamento estas reformas es lo que más preocupa al activista. “Esta es una práctica que se tuvo, muy fuerte, durante el Conflicto Armado Interno y las dictaduras militares, vedar la información de lo que hace el Estado”, indica.
 
Por ello, para Rodenas, “es dar un salto a 30 años atrás”, pues se vedaría la información sobre casos de violaciones a derechos humanos; “es mantener la impunidad, es favorecer a grupos privilegiados y favorecer a sectores del Estado vinculados a violaciones de los derechos humanos”.
 
CONSTITUCIÓN LO IMPIDE
 
Otro de los argumentos que señalan quienes están en contra de las reformas es la prohibición de establecer reserva en las actividades del Estado, contenida en el artículo 30 de la Constitución Política de la República.
 
Nineth Montenegro, segunda vicepresidenta del Congreso y secretaria general de Encuentro por Guatemala,  asegura que si las reformas son aprobadas por el Parlamento, se estaría transgrediendo la Carta Magna, que indica que todos los actos de la administración son públicos.
 
“Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”, dice literalmente el citado artículo.
 
Además, asegura, se violentan los principios internacionales sobre el derecho a la información y con ello la violación a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y las Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas contra la Corrupción.
 
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana (AC), afirma que esta es una reforma que pretende limitar el acceso a archivos públicos, calificándolos de confidenciales. “Limita el derecho de acceso a la información pública, y va contraria a la Ley y al derecho del ciudadano”, afirma. 
 
AC asegura que en ningún país del mundo existe una reserva de información como la que busca esta propuesta, por lo que incluir información generada por el Estado bajo el carácter de confidencial resulta violatorio a lo establecido en el artículo mencionado de la Constitución.
 
Las organizaciones sociales Seguridad en Democracia y la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, dijeron a través de un comunicado que las reformas promovidas por el gobierno de Álvaro Colom constituyen un retroceso al avance que se logró desde que entró en vigencia esta normativa.