Con 110 votos a favor, la Comisión Internacional contra los Cuerpos Ilegales en Guatemala (CICIG) logró ser aprobada en el Congreso de la República. En una intensa jornada, los diputados y diputadas emitieron su opinión sobre el dictamen desfavorable que habí­a recibido el proyecto en la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo.

Como era de esperarse, todo el pleno, a excepción del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), rechazó la decisión de la sala de trabajo e inmediatamente, dieron el visto bueno a la iniciativa por medio de «urgencia nacional».

Y vaya que urge. La Constitución Polí­tica de la República establece que la paz y la seguridad, al igual que la justicia, son derechos fundamentales para toda la población. Sin embargo, en la práctica real, las instituciones del Estado no han logrado brindar las garantí­as mí­nimas a la población para un desarrollo integral, afectado enormemente por los altos niveles de inseguridad e impunidad que se registran en el paí­s.

A través de los Acuerdos de Paz, el Gobierno se comprometió a fortalecer el poder civil e implementar las polí­ticas necesarias para garantizar la justicia. Hoy, diez años después de la transición a la paz, los documentos firmados en diciembre de 1996 se encuentran engavetados y vamos en retroceso en el tema de seguridad.

Diversas organizaciones sociales han denunciado que los aparatos represivos creados por la inteligencia militar durante el conflicto armado no fueron desarticulados, y se han trasladado al ámbito privado, donde comenten nuevos crí­menes en contra de la población.

Esto es claro cuando vemos los miles de casos de mujeres asesinadas con claras señales de tortura, atentados, hostigamientos y desapariciones de defensoras y defensores de Derechos Humanos, violencia contra organizaciones del sector civil y violencia contra personas dedicadas a la polí­tica.

Hasta el momento, el Ministerio Público ha sido incapaz de satisfacer las necesidades de la población. El Centro de Estudios de Guatemala señaló que la impunidad alcanza al 97% de los casos denunciados.

Algunos diputados y diputadas prefirieron nuevamente quedarse en el lado oscuro de la polí­tica, a través de los votos en contra de la propuesta o de su ausencia en el Congreso. Pero la aprobación de la CICIG tampoco puede considerarse como un regalo de los partidos polí­ticos para la población, sino como un deber que debieron cumplir para asegurar la construcción de un verdadero Estado de derecho.

La presión desde el sector civil y de la comunidad internacional dieron sus frutos en el hemiciclo parlamentario. La CICIG representa una oportunidad para el fortalecimiento de las instituciones y para el cumplimiento del trabajo que, hasta el momento, quienes han gobernado han sido incapaces de cumplir y que conforman el grupo polí­tico que merece varias nalgadas por su incompetencia.