Por favor, estimadas y apreciables lectores, no tomen como una muestra de alarde lo que anoto a continuación, sino que se trata de un antecedente acerca del tema que abordaré.
Desde febrero de 2003 he venido librando una batalla casi solitaria a favor de los usuarios de las empresas transnacionales de teléfonos móviles, sobre todo pidiendo a los diputados del Congreso que reformen la Ley de Telecomunicaciones en lo que respecta a dos aspectos determinantes en el servicio de celulares.
Uno de tales elementos consiste en que se agregue una norma tendiente a prohibir la venta, distribución y activación de esos aparatos sin las facturas respectivas, lo que evitará que persista el alarmante robo de teléfonos móviles, cuyas acciones delictuosas han provocado numerosos homicidios cometidos contra indefensos usuarios, además de quienes han resultado lesionados, pero todos despojados de sus artefactos.
Recientemente La Hora publicó que sólo durante los primeros 20 días del presente año a alrededor de tres mil guatemaltecos les han arrebatado sus celulares con lujo de fuerza, porque los delincuentes los venden a personas inescrupulosas que no tienen mayores obstáculos para lograr la reactivación de esos teléfonos, en vista de que las empresas del ramo no cumplieron con una especie de pacto de caballeros que celebraron con el presidente Berger, como alternativa a la reforma legislativa de la mencionada ley, que evitaría la comercialización de los aparatos móviles, y, con ello, se eliminarían las causas de robos, atracos y homicidios.
El otro aspecto capital que he venido demandando es que las reformas mencionadas establezcan que las empresas transnacionales no cobren por minuto el tiempo de las llamadas, sino que sea por segundo, y he reiterado el ejemplo de un usuario que consume 62 segundos al comunicarse con otra persona; pero las compañías telefónicas le acumulan dos minutos completos, o sea 120 segundos.
Según fuentes confiables, por esta ilegítima práctica las transnacionales obtienen ganancias por aproximadamente Q200 millones en un solo año, al contabilizar segundos no utilizados por los usuarios y sumar centavos en cada llamada.
Afortunadamente, la firma Comcel, operadora de la telefonía móvil Tigo ha adoptado una decisión que favorece a decenas de miles de usuarios, al decidir que a partir de esta semana el cobro de las llamadas se computan por segundos, eliminando la cuota por minuto.
Aunque esta nueva modalidad de cobro no beneficiará a todos los clientes de la empresa, porque de acuerdo con lo anunciado por el señor Marco Chávez, director de mercadeo de Comcel, cubrirá solamente a las personas que utilicen tecnología digital GSM o de chip, quedando sin cubrir los teléfonos con tecnología TDMA (análoga). El costo será de dos centavos por segundo.
Para simplificar la explicación, anteriormente, mediante el sistema de cobro por minuto, si el usuario de Comcel hacía 10 llamadas de 10 segundos, v. gr., pagaba forzosamente 10 minutos, aunque no eran efectivos, sino que en la práctica sólo eran 60 segundos, y actualmente esos minutos equivalen a 600 segundos reales. El minuto es más caro, pero se compensa con el cobro por segundos.
Se trata de un paso a favor de los usuarios de Comcel o Tigo, en la modalidad específica; pero esa medida, aunque meritoria, no es suficiente para los intereses de todos los clientes de las empresas operadoras de telefonía móvil, porque es una decisión aislada y excluyente, en el sentido de que sólo una compañía la ha adoptado y lo ha hecho parcialmente.
Lo mejor sería que las demás empresas similares sigan el ejemplo de Comcel, pero ampliado a todos los usuarios, mientras que en el Congreso permanecen en la congeladora alrededor de media docena de proyectos encaminados a reformar la Ley de Telecomunicaciones, pero sus ponentes se han olvidado de sus promesas, especialmente en lo que atañe a evitar la activación de teléfonos celulares de dudosa procedencia.
Entre los parlamentarios que yo recuerde que han planteado iniciativas en el sentido mencionado, hay dos del PAN cuyos nombres se me escapan; Rafael Barrios Flores, Conchita Mazariegos y Mario Flores, cuando eran de la bancada del partido Casa; Gabriel Heredia Castro, de la Gana, y más recientemente Manuel Baldizón, de la UNE; sin embargo, ya no han hecho esfuerzos para que sus proyectos de reformas prosigan el proceso legislativo.
Insisto en afirmar que Comcel ha adelantado un paso importante que favorece a un sector de sus usuarios; pero no es suficiente. Es imprescindible que los legisladores tomen conciencia del problema y que procedan a aprobar las reformas pertinentes de la ley de la materia, en defensa de los intereses de millones de guatemaltecos.
(El presidente de una comisión legislativa reprende a sus integrantes: ¡Más del 70 % de los miembros no viene a las sesiones! El congresista Romualdo Jerbrujer protesta: ¡Pero ni que fuéramos tantos; apenas somos 20 diputados!)