Tras el paquete impulsado por el Gobierno y que el Congreso aprobará sin mucho trámite como parte de la discusión del presupuesto para el año entrante, el gobierno de ílvaro Colom le puso la tapa al pomo, descartando de una vez por todas la posibilidad siquiera de hablar de un cambio estructural en materia de impuestos. Y eso que se llenó la boca desde el principio de su gestión hablando de la necesidad de una seria y profunda reforma tributaria en Guatemala para superar esa necesidad periódica de todos los gobiernos de decretar impuestos de emergencia o de aumentar tasas para tapar el hoyo y cubrir sus más básicas necesidades.

Para los sectores que siguen considerando el cobro de impuestos como un despojo, al final de cuentas les vuelve a salir barato el negocio porque modestos cambios en las tasas, en proporción que puede ser fácilmente trasladada a los consumidores, pone punto final al necesario debate sobre la cuestión fiscal en un paí­s que nació a la vida independiente porque sus próceres no querí­an pagar impuestos a la Corona española y sobornaron a las autoridades peninsulares para que consumaran la traición y se sumaran a la ola independentista. Con ese antecedente vergonzoso no nos puede sorprender que hayamos tenido tan larga historia de rechazo a una polí­tica fiscal coherente, ni nos puede sorprender esa mancuerna entre corruptos y corruptores que está en la raí­z misma de nuestro origen como Nación independiente.

La modificación de las tasas en el impuesto sobre la renta y en el impuesto de solidaridad que es el resabio del IEMMA y el IETAAP, es un auténtico parche como los que han tomado todos los gobiernos para lograr leves incrementos en la tasa de recaudación sin apostarle para nada al fortalecimiento de la SAT a fin de combatir el contrabando y la evasión. No digamos un esfuerzo real por involucrar como sujetos tributarios a esos miles de comerciantes que se manejan en la informalidad y que no contribuyen al fisco.

Eso en cuanto a los impuestos directos, pero surge ahora un nuevo impuesto indirecto que es albarda sobre aparejo y que pesará sobre el contribuyente como doble tributación porque además de pagar IVA por cada llamada telefónica celular, ahora deberá pagar quince centavos por cada minuto y obviamente ese dinero será cargado al usuario. Pero ya se usa ese mismo concepto en impuestos como el de los combustibles y por lo tanto el Gobierno simplemente encontró un tributo de fácil recaudación y difí­cil evasión para garantizar un ingreso considerable, pero sin tomar en cuenta en absoluto el concepto elemental de justicia tributaria. La forma en que se masificó el uso de los teléfonos móviles ha convertido ese servicio en algo esencial y no suntuario, como fue en sus inicios, y por lo tanto la concepción misma del tributo lo orienta a castigar justamente en la misma forma en que lo hace el IVA.

Pero, repito, lo peor de todo es que con este parche fiscal propuesto por el Gobierno, queda sepultado el tema de la reforma tributaria, por lo menos en este perí­odo y quién sabe si no para el próximo.