Defensoras y defensores de derechos humanos demandaron al sistema de justicia la activación de los procesos abiertos por amenazas, intimidaciones y atentados contra activistas de ese sector, aunque los expertos en el tema coinciden en que los casos registrados en el interior del país poseen pocas posibilidades de ser resueltos, lo que debilita la situación para los derechos humanos en el país.
gortiz@lahora.com.gt
Según los datos de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua), la impunidad en los casos abiertos por violaciones a activistas ha alcanzado un 99 por ciento. Además, los mecanismos que el Estado ha creado para protegerlos han demostrado ser ineficientes y excluyentes.
Los números también generan preocupación para quienes ejercen este tipo de defensa, pues tras la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, los ataques contra los activistas continúan: un total de 1 mil 792 agresiones han sido registradas en los últimos diez años, según Udefegua
Al anterior número se suma el fenómeno de la criminalización de los defensores de derechos humanos. Udefegua registra un total de 594 casos de esa índole hacia diversos sectores sociales, de los cuales 115 han concluido en asesinatos.
Por ello, la Convergencia por los Derechos Humanos solicitó a la Corte Suprema de Justicia la reactivación de diez casos abiertos por diferentes agresiones. De estos, siete se refieren a agresiones registradas en el interior del país.
SITUACIí“N GRAVE
Jorge Santos, miembro de la Convergencia por los Derechos Humanos, criticó en primer lugar lo referente a la investigación criminal, la cual -a su criterio- no tiene el mismo nivel de efectividad cuando el agredido es un defensor de derechos humanos y cita los casos de ataques contra dirigentes campesinos, quienes son más criminalizados por sus acciones.
«En un período muy corto son investigados, procesados y enjuiciados, a veces irrespetando las garantías procesales, los dirigentes que luchan por la defensa del territorio y que abogan por los derechos de las comunidades, pero cuando ellos presentan denuncias, hay mucha dificultad para que pueda ejecutarse de manera adecuada el procedimiento de investigación», compara Santos.
Por lo anterior, el entrevistado consideró que aunque existen muchos casos de violaciones registradas en la ciudad capital contra defensores y defensoras de derechos humanos, la situación en el interior del país es «muy precaria».
«Este tema tiene varias dimensiones: en primer lugar la incapacidad del Estado de tener presencia institucional más fuerte, no sólo en la capital sino en todos los departamentos del país. Si la situación es hoy un factor de altísimo riesgo y vulnerabilidad en el centro del país, es mucho mayor en el interior; de esa cuenta es que tanto el Estado como el sector privado que realizan acciones de violencia contra este sector encuentran mayor impunidad que en la propia ciudad capital», enfatiza el analista.
Santos añade que un gran número de casos de asesinatos contra activistas en el interior del país han ido quedando en la absoluta impunidad debido a las grandes debilidades que el Ministerio Público tiene para investigar, en general, pero considera que particularmente las investigaciones de casos relacionados con derechos humanos no avanzan porque «no existe una política criminal para esa materia».
MíS Y MENOS
María Eugenia Morales, Procuradora adjunta de la institución del Procurador de Derechos Humanos, señala que pese a que esa instancia tiene 23 años de funcionar en el país «hoy nos encontramos con un panorama sumamente preocupante en el marco de una cultura de paz con una democracia que promueva el bien común», señala.
Morales denuncia que en el país «nunca» a lo largo de gobiernos, se han invertido los recursos necesarios que hagan sostenible de una política de tener al ser humano como el fundamento de toda la estructura social.
«Se han tergiversado y olvidado todos los derechos referentes al desarrollo, y se ha trasladado a intereses espurios toda la sección gubernamental. Este es un país ingobernable donde hay un caos moral y un desencanto por la democracia, hay un hambre que reina en los grupos vulnerables», enfatiza Morales.
La defensora adjunta dijo, finalmente, que la situación podría quedarse sin mejorar en la medida que no se cuenten con los recursos humanos y que la gente viva en un Estado mínimo de dignidad y de construcción de un sistema de respeto a la convivencia. Para Morales la perversidad por el almacenamiento de riqueza en los países más poderosos que castigan a los países en desarrollo ha sido un factor determinante en la crisis pues «hay más riqueza y menos dignidad humana».
A continuación algunos casos que dan cuenta sobre los ataques contra defensores de derechos humanos:
POCHIL
En diciembre de 2008, la familia de Jerónimo Guarcas inició los trámites judiciales para recuperar los restos de unas 17 osamentas que se encontraban en un caserío de la comunidad de Pochil, Chichicastenango, las cuales habían sido enterradas en un cementerio clandestino durante el conflicto armado interno. Las gestiones para explorar fueron autorizadas y los antropólogos se presentaron en mayo de 2009 al lugar para iniciar con las actividades.
Eso provocó que un grupo de pobladores de la localidad retuviera por más de cuatro horas a personas que acompañarían la exhumación. Según los registros, Guarcas, Manuel Sicaj, Juan y íngel Salvador, fueron torturados por los miembros de la comunidad, y fueron liberados un día después sin intervención de la PNC. La denuncia fue interpuesta y luego de una investigación, la Fiscalía solicitó la captura de los responsables y la jueza de la localidad decidió citarlos a declarar, no obstante, los sindicados al enterarse de esa situación, se dieron a la fuga y permanecen sin ser juzgados.
JACCHICH
El 1 de noviembre de 2009, el Quiché fue escenario de un caso que causó mucha polémica entre los pobladores: Alejandro Rodríguez caminaba a eso de las siete de la mañana por una calle de su comunidad ubicada en el cantón Jacchich, San Juan Cotzal, cuando fue detenido por el séquito de seguridad del alcalde de la localidad, José Pérez Chen. Los guardaespaldas lo golpearon fuertemente y le cortaron el pelo, ya que lo utilizaba más largo de lo común.
La madre de Alejandro, Ana Rodríguez, llegó al lugar a recuperar a su hijo, pero también fue agredida y retenida por los patrulleros; posteriormente, Pedro Rodríguez, padre del joven se presentó al lugar y el Alcalde lo acusó «por tener un hijo así» y ordenó su arresto, sin embargo, su guardaespaldas lo golpearon y le rociaron gasolina para lincharlo. Según testigos, un vehículo particular recorrió las calles de la comunidad para avisarle a la población que habían detenido a un ladrón. Pedro fue golpeado y quemado, lo cual fue registrado en video por el defensor de derechos humanos, Diego Sambrano, quien fue agredido por miembros del Ejército.
Actualmente el alcalde de la localidad enfrenta antejuicio. Diario La Hora intentó obtener la versión de los hechos de Pérez Chen, sin embargo, no respondió a las llamadas realizadas a su celular y a su oficina.
SANTA LUCíA
El 20 de diciembre de 2004, Florentín Gudiel, de 74 años, fue asesinado. Ese día salió de su casa ubicada en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla en su bicicleta. Su cadáver fue encontrado horas más tarde con dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en la espalda; los cuales le segaron la vida. Gudiel había trabajado por su comunidad desde la década de los setentas, durante el contexto del conflicto armado: en 1980 sufrió un atentado que lo obligó a abandonar su comunidad y el país.
Florentín regresa a Guatemala 1997, no obstante, pese a que ya se había firmado la paz en ese año, fue en diversas oportunidades señalado de pertenecer a la insurgencia junto a su familia. Fue apenas unos meses después de regresar a este país cuando fue amenazado de muerte directamente por el ex kaibil Miguel íngel Azurdia, quien debido a una auditoría social promovida por el hoy fallecido fue retirado del Comité de Educación de la escuela de la comunidad. A la fecha, la investigación por su muerte no ha avanzado pese a que su familia ha aportado detalles certeros sobre la situación.
Uno de los casos que fueron denunciados por la Convergencia por los Derechos Humanos fue el de Yuri Melini, director del Centro para la Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), quien aún se recupera de un ataque armado del que fue víctima el 4 de septiembre de 2008, frente a su residencia.
Melini expone: «Ha habido muchas deficiencias; en mi caso no sólo soy víctima sino querellante, y en dos años hemos propuesto más de 73 acciones de investigación y nunca hay resultados concretos sobre ellas».
El activista por los derechos del ambiente considera que existen buenas intenciones por parte de la Fiscalía, pero insiste en que los avances son muy pocos pese a que hay una hipótesis muy bien definida y cinco líneas de investigación en su caso.
«La Fiscalía siempre argumenta que no tiene personal, no tiene recursos, no tiene métodos alternativos de investigación y que tiene mucho trabajo», denunció Melini.
Añade que más que debilidades, en el MP impera una falta de política para la resolución de procesos de esa naturaleza: «Imagínese que yo siendo una persona pública y querellante, mi caso no camina, menos caminará el de un defensor de los derechos humanos que vive en una aldea lejana donde el MP no llega».
El director de CALAS hace hincapié en que en que los casos del interior del país avanzan menos y que en ese tipo de procesos, la falta de investigación implica la impunidad total y por lo tanto, el incremento de los ataques.
Finalmente consideró que existe una crisis muy delicada en el sistema de justicia ya que en su experiencia como activista del medio ambiente, cree que los casos en la Fiscalía que investiga delitos de esa naturaleza también avanzan escasamente.
Una de las condiciones que complican la labor de los defensores de derechos humanos es su preocupación por el respeto de las garantías fundamentales de sujetos procesales, en medio de un clima de impunidad.
Sergio ílvarez, analista político, refiere que la ineficiencia del sistema de justicia hace que la población se frustre y a la vez, encuentre «fuera de lugar» cualquier intento por defender los derechos humanos, aunque esta tarea realmente sea necesaria en el país.
«La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) realiza un trabajo muy importante en la protección de las garantías fundamentales de la población; el verdadero problema se encuentra en el sistema de justicia, que ha demostrado ser inoperante», sostiene el analista.
De acuerdo con estadísticas oficiales, la impunidad en Guatemala alcanza un nivel del 98 en casos penales.
Los activistas por los derechos humanos se enfrentan, al igual que la PDH, con un sistema judicial incapaz de ofrecer justicia a la población y procesar los casos en los que se ven amenazados, sostiene ílvarez.
Jorge Santos
Convergencia por los Derechos Humanos,