Guatemala no es solamente un Estado casi fallido, sino que el país del absurdo. Ha sido una aberración profesional la decisión del Tribunal de Honor (¿) del Colegio de Abogados de suspender a la jueza Yassmin Barrios por un año, por supuesto “maltrato” a uno de los defensores de genocidio. Lo que dicho abogado no tuvo agallas para plantear en el tribunal, ya en jauría, “junto a coyotes de la misma loma”, gracias a la corrupción que apesta en el interior de algunos colegios profesionales, ha sido utilizado para retorcer la justicia.

La situación de la justicia sigue “patas arriba” cuando es la Corte de (In) Constitucionalidad (CC) la que constantemente viola la Constitución. Con su absurda resolución con respecto a la Fiscal General –un artículo transitorio resulta estar por encima de la norma constitucional —  la CC sigue la pauta de beneficiar a Ríos Montt por encima de la Constitución, retorcer la Ley Orgánica de la Usac, alterar la condena por genocidio contra el pueblo ixil y otras sistemáticas decisiones a favor de los “poderosos”. Me complace coincidir con Frank LaRue (“Trágico mensaje”, 10/04/14), colega con el que formamos la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG) en 1982, que dice: “Cabe resaltar también el caso de la decisión de la Corte de Constitucionalidad que, por un amparo espurio, reduce sin justificación legal el período del actual mandato de la fiscal general e igual de grave es la decisión de la CC de anular la etapa final del proceso de genocidio contra el general Ríos Montt que les llevó a las víctimas 13 años para llegar a juicio oral, pero que simplemente bastó un campo pagado, con todo y foto, que publicara el CACIF dándole instrucciones el fin de semana anterior”.
El CACIF y “otros poderosos” que condicionan a Otto Pérez y manipulan el sistema de justicia son responsables directos del estado de cosas. Desde los tiempos de la contrainsurgencia, cuando junto a Lucas García elaboraban listas de activistas sociales y políticos a ser eliminados hasta los días actuales en que sicarios son pagados por empresas para asesinar, nuevamente, a activistas sociales y políticos, para el CACIF ha sido esencial preservar la impunidad de los militares, sus miembros y sus fieles servidores (algunos metidos en el sistema de justicia), así como apropiarse del candado de la CC y de los procesos electorales. Este “absolutismo” en el uso del poder está llevando a nuestra población a niveles de desesperación, de igual manera que el absolutismo de los reyes Luis de Francia llevó a la Revolución Francesa de 1789 y el absolutismo de los Zares llevó a la Revolución Bolchevique de 1917. Quizás haya tiempo todavía para que empresarios ilustrados busquen una solución distinta, que pase por el fortalecimiento de la justicia, la eliminación de la impunidad y el cumplimiento total e íntegro de los Acuerdos de Paz como camino para devolverle racionalidad y coherencia al país. A ello se pueden sumar las capas medias y sectores de trabajadores y populares eligiendo gobiernos y representantes ante el Congreso que sean honestos, como creo que aún es la inmensa mayoría de la población guatemalteca. ¡Poder ciudadano!