Irónicamente, a los diputados al Congreso de la República se ha dado por llamarles los «padres» de la Patria, dicho que ha sido tradicionalmente utilizado para, por un lado, hacer bromas o, por otro, rechazar tajantemente que Guatemala pueda ser hija de algunos de estos personajes que no se cansan en abonar al desprestigio de dicho organismo.
Debemos, de entrada, aclarar que hay diputados que cumplen con su papel aun cuando no se presten a discusiones y críticas, pero que privilegian sus principios y compromiso con los electores. Lamentablemente, también tenemos que decir que son extremadamente pocos y que algunas veces parece que el esfuerzo es vano en un país en que el comprometido pasa a ser confundido con ingenuo. Desde años, se adoptó el sistema de compra del voto en el Congreso por medio de procedimientos que pasaron por el pago directo, creación de PACUR o la simple distribución de obras del listado geográfico que era presentado como justificación para la asignación presupuestaria al Ejecutivo. Antes de la crisis de la infraestructura el fin de semana, se hablaba que el Ejecutivo había conseguido 80 votos en el pleno a razón de tres millones de quetzales cada uno. Si es cierto el método y la cantidad, no se puede asegurar, pero sí se puede decir con propiedad que a nadie sorprende porque se ha oído cualquier cantidad de oscuros procedimientos que hacen creíble que esto es muy posible de haber sido pactado.
Y hay muchos argumentos, principalmente éticos, sobre el tema. Pero hay una pregunta clave y lógica sobre el manejo de los fondos públicos: ¿Qué hace un diputado manejando obras de infraestructura? No hay razón por la cual un legislador deba ser quien ubique la «ONG» que manejará los fondos y quien asignará su ejecución a empresas que, por lo general, son de ellos mismos o de allegados que hacen el reparto del pastel.
Guatemala no tiene dinero. El país se está desmoronando y estamos hablando de miles de ciudadanos que están enfrentando grandes necesidades y, muchos otros, viven la tragedia de un ser querido por la crisis. ¿Será al menos correcto que los «padres» que se han beneficiado de estas transas den la cara con la misma energía con que han solicitado que se les asignen las obras? Por supuesto que no lo harán, pero es también papel de la ciudadanía exigirles que este tipo de prácticas sea, de momento, detenido e, idealmente, castigado.
Ojalá que para el próximo período electoral, cuando pidan el micrófono para decirle al votante que merecen la reelección, el ciudadano pueda tener los elementos y la determinación de recordarles que el Congreso es para legislar y no para ir a arañar fondos de la obra pública. Ojalá que dieran la cara.