Ante el ritmo que imponen los tiempos políticos y por sobre todo, luego de que la Constitución llegare a 27 años de vida, con retoques e intentonas de cambio, tanto formalmente como ilegalmente, es meritorio para todos los ciudadanos hacer un espacio de tiempo para entender las distintas propuestas que se han presentado, y ante todo opinar con conocimiento, pero con mucha reflexión, sobre el tipo de Estado que queremos tener, para que en un futuro se tengan mejores condiciones de vida, no solo nosotros, sino también aquellos cuya suerte y destino no les ha permitido salir de ese subdesarrollo en el que más de la mitad del país vive.
Y es que para algunos la reforma constitucional no es más que un esfuerzo político del gobierno de turno para lograr cambios sin trascendencia para el país; para otros, es una oportunidad de lograr ciertos cambios armónicos que nuestra Guatemala requiere, quizá no con la trascendencia requerida, pero sí con los elementos suficientes para iniciar un proceso generador de algo nuevo. Para otros, desconfiados, es una intentona de consolidación del poder por parte del gobierno actual, en plena sintonía con grupos de interés económico que desean evitar caer en gobiernos populistas y de tinte social.
La concepción de reformas estructurales, tal y como se sugieren por parte del Organismo Ejecutivo y su equipo de trabajo, consideran temáticas muy importantes y de vida necesaria para el país. La reforma al sistema de justicia, la posibilidad de participación en inversiones por el Estado, el ordenamiento de un sistema electoral, la promoción de un servicio civil de carrera y tantas otras más que se subdividen en ejes y en grupos de discusión, no sólo para facilitar el proceso de diálogo y comunicación a la población, sino además, siguiendo el modelo ya recomendado por la Corte de Constitucionalidad para la anterior consulta popular, que diera como resultado el rechazo de la población a las propuestas de reformas presentadas en 1999. Pero luego de la lectura de mérito, los guatemaltecos podríamos pensar en qué exactamente nos beneficiamos al cambiar el número y forma de elección de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Las preguntas se soslayan en conocer si estos cambios ayudarán a que no sucedan más casos como los de Cristina Siekavizza, por dar solo un ejemplo. O bien si elegir a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad de forma distinta, impedirá que sigan existiendo bloqueos a las carreteras demandando tierra, agua, salud, educación y seguridad.
Sin lugar a dudas que las propuestas son viables, algunas inclusive muy buenas, y calificadas por analistas políticos como “estructurales”, que se definen para darle coherencia a las instituciones públicas encargadas de varios temas. Pero, ojalá que no se esté perdiendo la oportunidad de atacar los aspectos sustantivos y de fondo que realmente se requieren transformar en nuestro país. Queda en deuda un verdadero planteamiento sobre los temas agrarios, medioambientales, impositivos y de servicio civil, por mencionar solo algunos. Lo propuesto por el Presidente no es que sea malo, sencillamente pareciera insuficiente para lograr ese cambio que anhelamos tanto y que cada cuatro años se nos ofrece como aquella esperanza que “ahora sí vendrá”.
La intencionalidad no se duda, en cuanto a que los pensadores técnicos y políticos que acompañaron al Presidente en esta aventura de proponer cambios a la norma más importante de nuestro país hicieron un trabajo serio de análisis sobre estos temas, pero al revisar las propuestas finales, se puede deducir que o se quedaron cortos, o las presiones y los miedos de nivel e incidencia política pudieron más.
En todo caso, es un punto de partida, y se espera que el gobernante y sus colaboradores tengan la madurez política para permitir propuestas serias, responsables y valiosas, que no sólo enriquezcan el esfuerzo original, sino además tengan esa visión estadista de cambio real que tanta falta nos hace.