Cada día se hace más evidente que la actitud de la Corte de Constitucionalidad al anular la sentencia contra Ríos Montt no aclaró ni resolvió nada, sino que nos metió en un auténtico laberinto legal del que será sumamente difícil salir. A decir verdad, la CC viene actuando con muy poca claridad en todo lo que ha tenido que ver con ese juicio paradigmático y sus resoluciones son tan poco claras que ni siquiera los tribunales de justicia han sabido exactamente cómo tienen que proceder después de cada uno de los fallos de esa instancia llamada a defender la constitucionalidad del país y asegurar el ejercicio de los derechos individuales.

Las explicaciones que ofreció el magistrado ponente de la última resolución, Roberto Molina Barreto, han quedado en una especie de ridículo luego de las explicaciones claras y contundentes de los magistrados Chacón y Porras. Pero pese a todo, se trata de una decisión inapelable y que por lo tanto no permite vuelta de hoja, aunque a estas alturas haya aún polémica sobre lo que significa en el fondo esa decisión.
 
 Aun los abogados entran en serias contradicciones cuando analizan lo que quisieron decir los magistrados que en ejercicio de la mayoría tomaron una resolución sobre el proceso. Por ello es válido decir que el tribunal llamado a aclarar las cosas, a definir la correcta interpretación de las leyes y garantizar derechos como el del debido proceso, se ha encargado de enturbiar las aguas y de provocar ese laberinto legal que no nos augura nada bueno para el futuro y que no sólo mantiene viva la polarización ya existente, sino que la agudiza a niveles extraordinarios.
 
 Todos sabíamos que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia no estaba firme y que vendrían apelaciones en el marco de lo que establece nuestro ordenamiento legal para asegurar a los acusados el derecho de defensa. Pero en condiciones normales los alegatos tendrían que ser ante una Sala de Apelaciones para evidenciar fallas de procedimiento o de interpretación del Tribunal de Primera Instancia y así permitir que se adopten las medidas correctivas, si es que proceden. Pero en Guatemala ya no se litiga conforme a los códigos procesales, sino se litiga conforme a la Ley de Amparo porque una interpretación laxa de la misma ha convertido a la Corte de Constitucionalidad en el tribunal supremo, en el más importante y decisivo del país, dejando a la Corte Suprema de Justicia como una instancia en muchos sentidos irrelevante.
 
 Los ciudadanos no tendríamos que caer en ese juego de güizacherías que se está dando en el país. Y es que si los mismos abogados no encuentran luz para opinar y entender correctamente lo que quiere decir la CC, menos lo puede hacer el ciudadano común y corriente que no tiene formación jurídica.
 
 Lo que yo interpreto de la forma en que consistentemente en este caso la CC ha enredado las cosas es que como tienen que adornar de alguna manera las barrabasadas que hacen, terminan usando un lenguaje que no sirve para aclarar la situación y dejar sentada jurisprudencia contundente y terminante que ayude en el futuro en casos similares. Sus fallos son verdaderos galimatías que han provocado confusión entre los juzgadores porque no se animan a poner en blanco y negro que lo que quieren es acabar con el proceso y por ello es que tienen que rebuscar argumentos y palabras para tratar de disfrazar sus compromisos.
 
 Tenemos obligación de respetar las decisiones judiciales aunque no nos parezcan, pero también tenemos el derecho de exigir que las mismas sean claras para evitar laberintos legales que nos acaban dividiendo más y confundiendo totalmente.