Ayer, al conocerse la decisión judicial de iniciar proceso penal al general José Efraín Ríos Montt por los crímenes cometidos durante su gestión como Jefe de Estado y Comandante de las Fuerzas Armadas, sus abogados pidieron con toda razón que su patrocinado tenga derecho a un juicio justo y que no sea objeto de un linchamiento. Exactamente eso, un juicio justo, es a lo que todo habitante del país tiene derecho sin que importe el delito del que se le acuse porque precisamente es en los tribunales donde se pueden probar responsabilidades, pero también allí es donde los acusados pueden ejercer su legítimo derecho de defensa para probar su inocencia.

Y reclamar un juicio justo no es mucho pedir. Pero no olvidemos que el mismo derecho tenían aquellas personas inocentes que fueron eliminadas masivamente, porque para algunos mandos militares eran colaboradores de la guerrilla o simplemente combatientes de alguna de las facciones de la insurgencia. Nunca se respetó la presunción de inocencia cuando entraban a un poblado a matar a hombres, mujeres y niños, sin consideración alguna por su edad, porque algún informante había dicho que allí estaban o habían estado los guerrilleros.

En el proceso contra Ríos Montt se ha individualizado la acusación por la muerte de mil 771 indígenas ixiles que fueron asesinados en brutales masacres y no debemos olvidar que a ninguno de esos mil 771 se les concedió el derecho de un juicio justo que hubiera excluido, de entrada, a los menores de edad que legalmente son inimputables, pero que hubiera otorgado a los adultos el derecho elemental de defensa.

La defensa de Ríos Montt sostiene que el general que se autoproclamó Presidente de la República siendo nada más que un jefe de Estado producto de un cuartelazo, no tuvo conocimiento de los hechos y que jamás los ordenó. Suponiendo que no los hubiera ordenado, tampoco pueden producir un documento en el que, tras alguna de esas macabras operaciones, el Jefe de Estado ordene a sus subalternos cesar con cualquier tipo de acciones que afectaran a poblados enteros y a población civil inocente.

Es como en el caso de la limpieza social. Los gobernantes en cuyos períodos se implementó la eliminación sistemática de los supuestos o reales delincuentes por parte de elementos policiales o de grupos organizados por las autoridades, son responsables legalmente de la implementación de una política que le costó la vida a muchos inocentes. Y aun en el caso de que todos los asesinados por los escuadrones de limpieza social hubieran sido criminales, tenían también el mismo derecho a un juicio justo como el que ahora se reclama para el general Efraín Ríos Montt con todo derecho, insisto.

Un juicio justo no es mucho pedir, porque es lo menos que el Estado tiene que garantizarle a cualquier persona que sea acusada de la comisión de un delito. Un juicio justo era lo menos que podían esperar quienes enfrentaron a los tribunales de fuero especial creados por orden directa y expresa del general Ríos Montt cuando fue Jefe de Estado. Tribunales que no fueron en ningún sentido garantía de justicia, sino instrumentos de venganza y de terror para sentar precedentes que asustaran a la población para enviar un mensaje macabro como el que se concretó mientras el Papa Juan Pablo II viajaba hacia Guatemala.

Yo sí creo que es imperativo que la justicia sea imparcial, objetiva y apegada a derecho, asegurando el derecho de defensa de los acusados y también el imperio de la ley para evitar tanto la impunidad como la sed de venganza irracional. Justicia es la base de la paz porque es lo único que garantiza la convivencia social. ¿Cuánta sangre no se hubiera derramado si en vez de una masacre se lleva a los tribunales a los sospechosos?

Por eso, hoy y siempre, un juicio justo es necesario.