No es casualidad que en cuestión de días, el juez Walter Villatoro fuera apartado de dos casos de alto impacto como resultado de recusaciones interpuestas en su contra por sujetos procesales que impugnan sus resoluciones. En Guatemala la justicia sigue siendo una aspiración porque aún hay demasiados casos en los que los juzgadores la administran al gusto del cliente, sea por tráfico de influencias o porque se comprometen con la corrupción, pero es raro que tengamos jueces que resisten toda clase de cañonazos y que mantienen sus decisiones a pesar de las fuertes presiones en su contra.

Villatoro tenía a su cargo el Caso Siekavizza, por el que guarda prisión la licenciada Ofelia de León, madre de Roberto Barreda, el prófugo tras la desaparición de su esposa Cristina Siekavizza. El caso fue entrampado desde el principio y se recordará que cuando estaba bajo reserva hubo intromisiones de personal del Organismo Judicial que sustrajeron las grabaciones de audio de algunas audiencias. La captura de la madre del sindicado fue solicitada por el Ministerio Público porque hay evidencias de que no sólo ayudó a su hijo a ocultar pruebas, sino que además interfirió para facilitar su escapatoria, y fue el juez Villatoro el que accedió a la solicitud de los fiscales valorando la prueba aportada para decretar la prisión preventiva de la licenciada De León.
 
 Al ver que los muchos recursos para dejar sin efecto la decisión de ligarla a proceso fueron rechazados y la verticalidad del juez Villatoro para continuar con las investigaciones, se dispuso recusarlo con argumentos torpes, puesto que obviamente un juzgado al dictar auto de prisión contra una persona está considerando que hay indicios suficientes para ligarlo a proceso sin que ello pueda entenderse como adelantar opinión porque si así fuera, todos tendrían que ser separados de las causas que tramitan.
 
 El otro caso de gran impacto y donde se juegan muchísimos intereses económicos es el de Bancafé, en el que el Ministerio Público y la fiscalía contra el crimen organizado realizaron una seria investigación apoyada por los auditores de la firma Price Waterhouse. Con enorme dedicación para conocer la extraordinaria madeja legal y financiera que implica el caso, el juez Villatoro estudió a conciencia los miles de folios que contienen la acusación y ha sido acucioso para valorar las pruebas de cargo y descargo. Tanto así que se puede afirmar que se ha convertido en un experto en el manejo de términos y en el conocimiento de operaciones financieras debido a la forma en que se pudo empapar del proceso a su cargo.
 
 Con los millones que están en juego y el poder que hay envuelto en todo el caso de Bancafé, cualquier juez hubiera flaqueado, sobre todo tomando en cuenta que ese caso tuvo una especial cobertura mediática por la influencia de algunos implicados en varios medios de comunicación. Pero Villatoro demostró que es un funcionario judicial honesto y competente, tanto que no hubo más remedio que recusarlo para apartarlo del proceso. Para que otro juez llegue a conocer a fondo las interioridades de las operaciones que la auditoría de Price Waterhouse y el Ministerio Público realizaron tendría que pasar mucho tiempo y tendría que ser un abogado con una especial vocación para el estudio y el trabajo porque se trata de un expediente complejo y voluminoso.
 
 Consuelo tiene que ser que lo apartaran por la vía legal y no por otros medios menos ortodoxos que han sido usados también en nuestro medio. Pero es una pena, desde el punto de vista del estado de derecho, que las Salas de Apelaciones valoren tan poco el trabajo de sus jueces y que den el mal ejemplo de que los cañonazos de cierto calibre todavía siguen siendo muy útiles.