María Rosa González, menuda, de 45 años, está angustiada. La Policía acaba de arrestar a José, su hijo de 29 años, que según su madre intentaba abandonar el «paco». «Desde este viernes, lo único que puedo tomar es mate», dice mientras prepara su infusión en su casa de «Ciudad Oculta», un barrio marginal de 30 mil habitantes a 15 km del centro de Buenos Aires.
Es aquí donde nació en 2003 el primer movimiento de Madres contra el paco. Dos años antes, en plena crisis económica, había aparecido esta mezcla de pasta de cocaína, vidrio molido, querosén y productos químicos que ataca el sistema nervioso y puede matar en menos de seis meses.
La dosis cuesta 5 pesos (1,3 dólares), pero su efecto dura pocos minutos y se pueden consumir de inmediato decenas de dosis más. Los jóvenes venden hasta su ropa para conseguirla.
María Rosa está amenazada. «Me dijeron: vas a aparecer tirada en una zanja», dice. Eso no la impresionaba. Hasta el arresto de su hijo.
Unos días antes, José María di Paola, sacerdote de la Villa 21, otra villa miseria de Buenos Aires, fue amenazado de muerte. Unas 2 mil personas se reunieron para apoyarlo.
«No son casualidades», dice María Rosa. Junto a otros sacerdotes, di Paola, de 46 años, había denunciado en un informe la responsabilidad de las autoridades que permiten que estos barrios se conviertan en «zonas liberadas» para la droga.
El teléfono portátil de María Rosa suena. Se está organizando una manifestación para pedir la liberación de José. Está convencida que la Policía le tendió una trampa.
María Rosa recorre el país para denunciar un flagelo que afecta a más de 50.000 jóvenes, según las estadísticas oficiales, algunos incluso desde los 6 años. «El Estado no hace nada», murmura la mujer.
«La tarea excede lo meramente asistencial», se defiende el responsable de la Secretaría de lucha contra la droga (Sedronar), José Ramón Granero. «El problema es tan grave que debemos actuar en forma conjunta con todos los organismos estatales y las organizaciones sociales para enfrentar a esta droga de exterminio», estima.
Villa Lamadrid, 20 km al sur de Buenos Aires. Otro barrio marginal, otro drama. Isabel Vázquez, de 55 años, perdió a su hijo hace dos meses. Emanuel intentaba abandonar el «paco» y había encontrado trabajo.
Fue asesinado a 50 metros de distancia por un joven que sigue libre, pese a siete incursiones de la Policía en su casa. «La Policía mira para otro lado», afirma.
Su movimiento logró que un juez ordenara la demolición de un sitio de distribución de la droga. «Nos apropiamos de este espacio, que va a ser ahora un lugar de vida», dice con orgullo, mientras un grupo de jóvenes espera su almuerzo frente a la entrada de su casa, convertida en cantina comunitaria.
Algunas de estas madres han llevado su lucha a la Plaza de Mayo, en las puertas del poder. «El gobierno nos debe escuchar», dice Ramona Jiménez, de 35 años, que vino desde la villa miseria más céntrica de Buenos Aires, la Villa 31.
«Sociedad, ¡hacé algo! ¡No queremos más sillas de ruedas en nuestras casas!», lanza a poca distancia otra madre. Otras llevan carteles: «Basta de drogas. Sí a la vida» o «Paco=dominación y muerte».
Planean manifestarse todos los jueves, con la cabeza cubierta por un pañuelo negro inspirado en el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo, hasta que la presidenta argentina Cristina Kirchner las escuche.