Para el caso, resulta irrelevante describir los rasgos y características de los candidatos presidenciales que ya han sido nominados para conseguir el voto de los ciudadanos el 9 de septiembre y, más todavía, de los que están pendientes de proclamación.
Es suficiente decir que entre los cinco que publicitan más los medios o se dice que podrían tener posibilidades de resultar como «ganadores», dudo que haya uno sólo que tenga la estatura de estadista y, en tales condiciones, que pueda ocupar la más alta magistratura de la Nación.
Por lo que se ha visto -al menos en los últimos 7 años-, hasta el más corrupto y sinvergí¼enza o incompetente e irresponsable, puede ostentar la banda presidencial. Igual sucedió con sus antecesores a partir de la llamada «apertura democrática», y -peor aún- de 1954 a 1986.
De ahí que cada vez esté más generalizada la opinión de que en Guatemala no se elige: la voluntad ciudadana es más bien una manifestación de castigo a la gestión del mandatario que está por salir. Es el caso de cuatro de los cinco mandatarios que ha tenido el país últimamente. Quizá sea por eso que el voto no es una demostración de confianza al que se le otorga sino de reprobación al antecesor.
Cabe recordar que el licenciado Ramiro de León Carpio no fue electo: fue designado y quien le antecedió no puede pensarse que haya sido un dechado de virtudes como tampoco lo fue su sucesor y el siguiente. Y, si de incompetencia e imprudencia se trata, basta echar un vistazo a lo que va de este período.
En consecuencia, lo que aquí se da cada cuatro años es una alternabilidad gubernamental cuya característica más sobresaliente es que ningún agrupamiento político de los más votados en los comicios anteriores (DCG, MAS, PAN y FRG, respectivamente), ha logrado asegurarse la continuidad gubernamental y sus presidentes han tenido que salir por la puerta de atrás de la casa de gobierno.
Además de los antecedentes citados, hay -entre otros factores más- un conjunto de cuestiones que afecta y agrava la situación del país en general y, en particular, el sistema electoral y de partidos. Lo que está sucediendo en la actualidad no es coyuntural ni resultado de la casualidad. Es consecuencia de lo que se ha ido acumulando y pone al descubierto la gravedad y profundidad de la descomposición social, política e institucional.
La campaña proselitista que culminará en su primera vuelta en septiembre, se da en el marco de una grave, profunda, acumulada y prolongada crisis general cuyo origen está en el sistema económico, político y social, la institucionalidad y democracia en que se sustenta y que nada tiene de representativa y, menos, de real, funcional y participativa.
El clima generalizado de violencia e inseguridad y la corrupción e impunidad, pone en cuestión el proceso comicial que, además, fue anticipada e ilegalmente iniciado. A ello hay que agregar otros componentes perturbadores y funestos.
Uno, la proliferación de candidaturas presidenciales; dos, los riesgos y señalamientos de un probable fraude; tres, la creciente tendencia al abstencionismo, indiferencia, apatía, indecisión, desencanto y poco o ningún interés de la población; cuatro, la manipulación de la intención del voto que hacen las encuestas; cinco, el sesgo informativo de algunos de los medios de comunicación cuyas preferencias hacia determinados candidatos no disimulan; y, seis, sospechosos y cruzados financiamientos, los grupos de presión y poderes paralelos, sobornos, tráfico de influencias, componendas personales y el inescrupuloso modo de hacer política en los partidos y sus «líderes».
Lo sucedido en la asamblea del PAN el domingo 10, es ilustrativo como bochornoso es el comportamiento del diputado de la UNE, Mario Taracena, y el proceder del «dirigente» principal del ahora más destartalado panismo y presidente del Congreso de la República, Rubén Darío Morales, en el Pleno del pasado día 12.
Ante semejante panorama, no se trata sólo de repensar el voto sino de no caer en la trampa de otorgárselo al menos peor y sus acompañantes.
Todo indica, entonces, que podrían estarse empezando a dar las condiciones para, primero, rechazar y repudiar a los candidatos presidenciables, para diputados y corporaciones municipales; segundo, que el gobierno que se instaure en enero del año entrante sea un gobierno débil y aislado, sin ningún respaldo popular y social; y, tercero, que la población tome conciencia de que sólo por su propia lucha, experiencia y decisión pueden llegarse a institucionalizar los cambios de fondo que Guatemala necesita.
Es falso que el pueblo tenga los candidatos que merece. Los poderes económicos los escogen, imponen, financian, avalan y utilizan.