La desafortunada decisión del nuevo Presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina de aplicar el Impuesto Sobre la Renta a las jubilaciones, pensiones y montepíos, constituye, sin duda, un golpe bajo sin precedentes en contra de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Decimos vulnerables, pues los jubilados son en su mayoría personas de la tercera edad, sin posibilidades de conseguir un empleo y muchos de ellos con serios problemas de salud.
El último párrafo del artículo 114 de la Constitución Política de Guatemala dice textualmente lo siguiente: “Conforme las posibilidades del Estado, se procederá a revisar periódicamente las cuantías asignadas a jubilaciones, pensiones y montepíos”.
El espíritu de este artículo, es el de examinar cada cierto tiempo las jubilaciones para mejorarlas, pero el gobierno del ultraderechista Partido Patriota, lo que está haciendo es todo lo contrario. En lugar de aumentarlas, las disminuye al gravarlas con una pesada carga tributaria.
En ese sentido hay que leer el artículo 44 de la Constitución de Guatemala, el cual estipula que “Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otra orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”.
Asimismo, el artículo 106 constitucional categóricamente manda que serán nulas, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Ese mismo artículo expresa además, que los derechos consignados en la Constitución son irrenunciables para los trabajadores.
No hay duda entonces que la medida del actual gobierno de castigar con impuestos a los jubilados, constituye una clara violación a la Constitución y a las leyes internacionales. Es un atropello incalificable en contra de los derechos humanos de personas débiles, muchas de ellas ya en el ocaso de su vida.
El artículo 70 de la llamada Ley de Actualización Tributaria recientemente aprobada por el Congreso, eliminó de un porrazo a las jubilaciones del renglón de exenciones, con lo cual las convierte en un hecho generador del Impuesto Sobre la Renta.
Hasta ahora, las jubilaciones han tenido el carácter de no afectas, configurando un derecho adquirido, el cual es irrenunciable. Pero en la nueva ley que entrará en vigencia el uno de enero del próximo año, las mismas quedan gravadas con el Impuesto Sobre la Renta, evidenciando que el “gobierno del cambio” es una nueva frustración y un desencanto para el pueblo.