El Estado guatemalteco no es fallido, todo lo contrario, el resultado de sus acciones demuestra que intereses oscuros, piel corporativizada y mentes privadas, han dado todos en el centro de la diana estatal; en lo que hemos fallado es en hacer pública su razón de ser. El Estado, bajo el razonamiento de S. Tischler es una relación social, es decir no es un ente separado de la sociedad, no es por supuesto el gobierno que sólo es quien lo administra; la noción de Estado por lo tanto, es una idea que articula las relaciones sociales, es lo que da el sentido colectivo en comunidad, cuando lo hay.

En este orden de ideas, el Estado guatemalteco de hoy refleja absolutamente lo bueno y malo de esta sociedad y mantiene un gran saldo por no haber podido articularnos. La decadencia de la pobreza y la impunidad con la que se comete violencia, están manifiestas en este Estado, o debiera decir al revés, el Estado se ve expuesto en la precariedad de lo que somos como sociedad. Así­ pues no es casual que seamos un Estado oligárquico y es completamente cierto que el Estado guatemalteco cometió discriminación y genocidio en los ochentas. La clave del asunto es que actos privados o tenebrosos, se pretendan institucionalizar como públicos desde visiones distorsionadas, corruptas o reducidas. Esa afirmación es la que explica en buena parte, el terrible acto sucedido el año pasado, a manos del exalcalde de San Juan Cotzal, Quiché, José Pérez Chen, personaje de pelo muy corto, de estilo militar. Alejandro Santiago Rodrí­guez de 16 años joven de la localidad aludida, hijo de un policí­a, fue detenido por la Policí­a Municipal, su delito era tener el pelo largo. En dicha población habí­a órdenes de recluir a todos los jóvenes que usaran tatuajes, pelo largo o cualquier sí­mbolo externo, como causal sospechoso de pertenecer a una pandilla. El agente Rodrí­guez, padre de la ví­ctima intenta rescatarlo, ante lo cual la población manipulada y por lo tanto cómplice, le linchan tanto a éste como al hijo. La sostenida investigación del Ministerio Público que lidera la fiscal Claudia Paz, hizo posible la detención del exfuncionario; su debido procesamiento judicial seguramente contribuirá a aminorar la impunidad, por lo tanto su detención tiene un valor en sí­ mismo. Sin embargo, de ese hecho terriblemente desgarrador hay lecciones difí­ciles de asimilar y lastres que arrastran la embarcación rí­o abajo. La más evidente es un cuestionamiento a la función pública de la administración de un gobierno local, que ejerce una persona electa por la voluntad de un colectivo que le otorga confianza y legitimidad. Esta reflexión es pertinente en el contexto de las venideras elecciones generales, conviene por lo tanto preguntarse ¿a quién se elige para administrar el Estado? De la anterior se deriva otro cuestionamiento: si el Estado es una relación social, ¿cuál es la vinculación entre aquel y los actos profundamente discriminatorios e incriminatorios, como los del exalcalde aludido? Creo que la respuesta merece otra pregunta, ¿qué significa que un funcionario público a nombre del Estado, detenga y luego promueva el asesinato de un joven y su padre por llevar el pelo largo? El mensaje institucionalizado y cuasi convertido en polí­tica local era “exterminio al que sea diferente”, sea por llevar el pelo largo o por tener tatuajes; sospechar de los jóvenes y en caso final linchar. ¿Acaso no es este tipo de mensajes, los que también subyacen sutilmente en varias de las propuestas de los candidatos a la Presidencia? Son valores para uniformizar, para olvidar el pasado, que moldean la diferencia en una horma para que todos sean iguales. Este tipo de valores, tí­picos de sociedades conservadoras pone en riesgo el último refugio de la utopí­a que anida en la naturaleza rebelde y espontánea de la juventud. La respuesta a la pregunta está respondida en parte, la animalidad del ser humano está apenas contenida por el andamiaje de las instituciones democráticas, el conjunto de leyes y el Estado.