Ewa Werner Dahlin, Embajadora de Suecia en Guatemala, termina este diciembre su misión diplomática en Guatemala. En esta entrevista hace un balance general de la situación del paí­s: se refiere a los avances, obstáculos y retos en materia de seguridad, justicia y lucha contra la impunidad; así­ como a la situación de violencia e inequidad que sufren las mujeres guatemaltecas.

Werner explica la necesidad de que los guatemaltecos se pongan de acuerdo en el tipo de Estado que quieren construir, «lo que requiere de un verdadero pacto fiscal y de la aprobación e implementación de una ley de servicio civil». En su condición de Embajadora para tres paí­ses centroamericanos, analiza el golpe de Estado en Honduras y señala que los efectos de lo ocurrido, son muy graves para la democracia del Continente.

– ¿Qué avances y qué obstáculos tenemos que superar como paí­s en los procesos de consolidación de la democracia y la paz?

– Es un tema muy amplio, pero yo tengo la posibilidad de poder comparar la situación con la de hace diez años, porque yo estuve aquí­ en la Embajada de Suecia como la encargada de la Cooperación entre 1998 y 2000. Esto me da una perspectiva de tiempo en relación a la implementación de la agenda de los Acuerdos de Paz y cómo se ha ido desarrollando el paí­s.

Yo creo que en términos de avances, veo algunos muy importantes en el área de derechos humanos. Hemos visto este año, por ejemplo, varios procesos judiciales contra responsables de masacres; dos sentencias que yo creo son muy importantes, ambas por desaparición forzada (Casos: El Jute y Felipe Cusanero). Esto, a la par de la publicación de los archivos militares, son hechos que realmente marcan avances y posibilidades de terminar con la impunidad histórica. La impunidad histórica, la impunidad de los crí­menes cometidos durante la prolongada guerra en Guatemala -que yo quisiera llamarla guerra civil y no conflicto armado interno- ha sido un problema para avanzar en el tema de derechos humanos y el desarrollo en general. Sanar las heridas sin buscar a los responsables no es posible para el avance del paí­s.

También quiero señalar que me parece un avance en términos de organización de la sociedad civil, lo que pasó durante las elecciones a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Hubo un nuevo tipo de movilización y organización de la sociedad civil que no se habí­a visto antes, estoy hablando de la «Convocatoria Ciudadana»; no fueron solamente protestas, sino realmente lograron resultados importantes; la CICIG, y nosotros como comunidad internacional, tratamos de apoyar esto.

Yo creo que hay dos grandes obstáculos en el paí­s que la implementación de los Acuerdos de Paz no ha logrado superar: uno es la enorme desigualdad que hay en el paí­s. Conocemos todos los indicadores, no vale la pena ahora repetirlos con cifras, pero en salud, en educación, en acceso a justicia falta mucho por hacer. Yo acabo de visitar recientemente una aldea en Totonicapán, que se llama Santa Lucí­a La Reforma, en donde hay un 98% de pobreza, 80% de desnutrición crónica, hay familias que viven con cinco quetzales por dí­a, familias grandes. Este es un ejemplo de las enormes brechas entre los grupos sociales en Guatemala. Entonces, está la desigualdad por un lado, y por otro lado, el otro obstáculo es la impunidad.

-¿Cuáles son los principales retos que están pendientes en este ámbito?

– Yo creo que principalmente en la parte del sistema de justicia. El sistema tiene toda una cadena de varios actores que la integran, en este momento yo mencionarí­a más que todo a las Cortes. Hemos visto un avance en el Ministerio Público, aunque faltan más recursos, pero se está organizando de mejor forma para trabajar a la par de CICIG y para combatir la violencia contra las mujeres. Donde no hemos visto avances es en las Cortes, y ahí­ es donde tenemos que ver cómo va trabajar la nueva Corte Suprema de Justicia. Los primeros casos que se están ya presentando por parte de CICIG, por ejemplo, van a marcar una diferencia en este sentido.

En general, un reto es la falta de recursos tanto para seguridad como para justicia. Un ejemplo es que la situación de la Policí­a Nacional Civil es precaria.

– Desde la comunidad internacional se ha insistido en la necesidad de fortalecer al Estado para que pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales, que muchas veces deben ser asumidas por los paí­ses amigos. ¿Qué caminos son importantes para el fortalecimiento del Estado?

– Existen principalmente dos caminos: uno es el tema del financiamiento y el otro es el fortalecimiento institucional. La implementación de una Ley de Servicio Civil es absolutamente necesaria para poder terminar con la corrupción, para lograr más transparencia y profesionalidad. El servicio civil está muy politizado, y un estado moderno tiene que ser civil, en todo el sentido de la palabra. Esto es absolutamente necesario para el avance.

Lo otro es el financiamiento. Realmente es muy necesaria una reforma fiscal, pero una reforma global, no estoy hablando de uno u otro impuesto, sino de una reforma fiscal que busque no solamente financiar el presupuesto del Estado para el próximo año, sino que tenga una visión de corto, mediano y largo plazo. A la par de esto, se necesita un debate nacional -de fondo- sobre qué Estado está dispuesta la sociedad guatemalteca a tener, y entonces tendrí­an que asumir las consecuencias de cómo financiarlo. A veces da la impresión que aquí­ lo que se quiere tener realmente es un Estado mí­nimo, y un Estado mí­nimo, con las condiciones que tiene ahora, no va a poder resolver los problemas de fondo que enfrenta Guatemala.

-¿Qué relación hay entre un Estado fuerte con recursos suficientes y el nivel de desarrollo humano de sus habitantes?

– Hay una relación lineal. Es importante pensar que el desarrollo humano no solamente se logra con recursos financieros, sino también con recursos institucionales, de solidez institucional, lo que significa un Estado con un servicio civil que funciona. Entonces hay una mayor redistribución, y solamente así­ se puede combatir la desigualdad en sus varias dimensiones. Esto significa que los contribuyentes, nosotros que pagamos los impuestos, recibimos algo por el dinero que pagamos.

– Uno de los temas sobre los que ha hecho énfasis durante su gestión como diplomática es el que tiene que ver con los derechos de las mujeres. ¿Cuáles son las principales problemáticas que usted identifica en este ámbito?

– El derecho a representación polí­tica es un tema, el derecho a vivir en paz y sin violencia, es otro; y también hay varios derechos: de acceso a la justicia, el derecho de libre expresión también son temas importantes. Ha habido avances, yo creo que en el caso de Guatemala es un gran aporte lo que ha hecho la sociedad civil en este tema y lo que se ha hecho desde el Estado a través de la Defensorí­a de la Mujer Indí­gena (DEMI), que es una institución que surgió a partir de los Acuerdos de Paz; también es importante el papel de la Secretarí­a Presidencial de la Mujer (SEPREM). Estos son grandes logros para las mujeres.

También es importante mencionar todas las leyes que los últimos años han pasado por el Congreso de la República para mejorar los derechos humanos de las mujeres, como es el caso de la ley de la violencia sexual, la ley de adopciones, la ley de trata de personas, pero creo que harí­a falta, si hablamos de la representación polí­tica, una ley o una reforma legislativa a la ley Electoral y de Partidos Polí­ticos; hay una propuesta en el Congreso -que todaví­a no está en discusión en el pleno- sobre una reforma a la Ley Electoral, la cual me parece muy interesante e innovadora porque incluye tanto el aspecto de igualdad de género en cuanto representación polí­tica, como también la participación de los pueblos indí­genas, en este caso las mujeres mayas.

– La participación polí­tica de las mujeres en Guatemala, es sumamente baja, cuando se compara con el promedio mundial y latinoamericano. ¿Cuáles son las causas y cómo podemos ir aumentando la cantidad de mujeres en los espacios públicos y de toma de decisiones?

– Primero creo que hay que mirar a las organizaciones de la sociedad civil y a los partidos polí­ticos. Sabemos que ahora hay mucho más mujeres que participan en los partidos polí­ticos, entonces deberí­a de ser un derecho que ellas estén también representadas en los cargos principales de sus partidos; y por consiguiente, en los listados a cargos de elección popular. Como decí­a antes, la legislación también es importante y abre un debate sobre el derecho de participación. Las mujeres son más del 50% de la población y tienen el derecho a estar representadas.

Yo creo que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esto. Siento que ha habido un avance también en los últimos años, ya que los medios tratan el tema de la participación de la mujer.

-¿Qué tipo de estrategias es importante implementar referentes a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres?

– Yo creo que empezando por ahí­, de las varias formas de violencia, es muy importante hacer esta diferencia porque hay que tener claro que hay varias formas de violencia. No sólo existe la violencia criminal, de femicidios, de violaciones sexuales, de violencia intrafamiliar; también está la otra violencia que yo llamarí­a la violencia institucional, que significa una total desigualdad en el acceso a educación y la salud, que son tal vez dos de los sectores más importantes. Esto es una violencia institucional.

Creo que existen cuatro o cinco retos serios para terminar con la violencia. Uno de ellos es la impunidad de la que hemos hablado, hoy en dí­a podemos decir que la sociedad guatemalteca expresa que la vida de las mujeres no vale nada, porque hay una impunidad del 98% en los casos de femicidio, y también en las otras formas de violencia contra las mujeres. También aquí­ vuelve a surgir el tema de la impunidad histórica, porque también hubo violencia brutal contra las mujeres durante la guerra y tampoco se hecho o dicho nada.

Otro reto, que es un poco más complicado, es el de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y eso es otra forma de disminuir la desigualdad entre ambos géneros. Un ejemplo de una relación en donde hay equilibrio de poder, serí­a aquella en donde la mujer pueda tener su independencia económica, participación en el mercado laboral y acceso al crédito si quiere poner su negocio. Una dimensión tiene que ver con los hombres, así­ como también la masculinidad. Yo creo, que como se habló en la actividad del dí­a 25 de noviembre, sobre la formación de grupos de hombres que empiezan a mirar su propia masculinidad y que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Es importante que los hombres entiendan que la igualdad de género es una oportunidad tanto para las mujeres como para ellos.

Una última dimensión tiene que ver también con los valores y cómo la sociedad entiende lo que es la moral. Me parece que aquí­ estamos en una situación en donde se manifiesta una especie de doble moral por parte la sociedad: por un lado, se dice que es inmoral propagar el uso de anticonceptivos, y por otro lado, no se dice que es inmoral -por lo menos no con el mismo énfasis- que haya tanta violencia hacia la mujer. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de la doble moral de la sociedad, la cual contribuye a la violencia y contribuye a la impunidad.

– Un tema polémico y reciente es el debate sobre los derechos de salud sexual y reproductiva, a raí­z del reglamento de la ley de planificación familiar. ¿Cómo ve usted este tema?

– Primero creo que es un avance importante que ya exista un reglamento, una obligación por parte del Estado de proveer anticonceptivos y que haya fácil acceso a los mismos. Quiero decir que Guatemala es uno de los paí­ses en donde menos se utilizan los anticonceptivos. Sabemos también que hay una demanda en el paí­s de anticonceptivos. Guatemala tiene un nivel de mortalidad materna muy alto en comparación con muchos paí­ses, y precisamente tiene que ver una cosa con la otra, porque según me han dicho el uso de anticonceptivos podrí­a salvar la vida de al menos 30% de las mujeres embarazadas. Esto yo creo que de por sí­ ya es un argumento suficientemente fuerte como para implementar este reglamento. (El uso de anticonceptivos) tiene que ver también indirectamente con la mortalidad infantil y la desnutrición crónica de muchos niños en el paí­s, pues indirectamente el uso de mayor planificación familiar, podrí­a también salvar la vida de estos niños, porque vemos casos de niños que nacen y son el décimo hijo de una mujer desnutrida, que tal vez muere en el parto, porque va a ser muy difí­cil que logre sobrevivir.

– Usted también es la Embajadora de Suecia en Honduras ¿Cómo ve toda la problemática hondureña respecto al golpe de Estado que sigue sin resolverse?

– Primero quisiera decir que toda la crisis de Honduras, a mi modo de ver, ha significado una polarización en Centroamérica. Centroamérica estaba en camino a una mayor integración y con la crisis de Honduras hay una ruptura en este proceso de integración regional. Sobre las elecciones como tales, todaví­a hay dudas que hay que aclarar sobre el nivel de participación, pero sí­ hay una diferencia bastante grande entre la cifra oficial y las cifras dadas por organizaciones civiles. El problema radica en las condiciones en las cuales se llevaron a cabo estas elecciones, y por eso la Unión Europea no acepta estas elecciones, no las va a reconocer porque no se implementaron los acuerdos de San José y Tegucigalpa antes de las elecciones. Me sorprende la decisión del Congreso hondureño de no reconocer al presidente Zelaya, porque significa una actitud complicada sobre cómo ven la democracia en Honduras.

Lo que hay que ver ahora es qué pasos va a tomar el presidente electo, y en base a esto ver qué tipo de diálogo se puede tener; si se puede tener un diálogo, habrá que ver las condiciones. Hay muchas interrogantes que no se han respondido hasta ahora. Los efectos de la situación en Honduras son muy graves para la democracia del Continente.

-¿Cuál es el balance general de su gestión al frente de la Embajada y como presidenta pro témpore de la Unión Europea?

– Mi balance personal es que ha sido un tiempo para mí­ sumamente interesante porque he podido participar y vivir procesos, situaciones complejas, difí­ciles, conflictivas, pero donde la Unión Europea ha sido un actor activo. También en algunos casos se ha podido contribuir, por ejemplo en la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Unión Europea jugó un rol activo tanto en lograr la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas, como también en la instalación y acompañando a la difí­cil tarea de la CICIG.

A nivel regional fue un proceso muy interesante, lamentablemente a causa de la crisis de Honduras se han estancado las negociaciones entre la Unión Europea y Centroamérica; el Acuerdo de Asociación puede ser un acuerdo de mucha potencialidad y espero que realmente se puedan terminar estas negociaciones, porque creo que entre las dos regiones se pueden fortalecer mucho más las relaciones en todos los ámbitos.