La trágica muerte del joven Francisco Gressi a manos de sus secuestradores en el curso de un operativo policial para lograr su rescate, constituye no sólo una tragedia para su familia, sino un revés importante para las fuerzas de seguridad porque ha costado mucho que las víctimas de secuestro confíen en los investigadores de la PNC y este revés marcará un retroceso significativo. Uno de los puntos críticos dentro de la negociación impuesta por los secuestradores es el compromiso de los familiares para no denunciar el hecho, lo que facilita a los delincuentes todo el trabajo hasta cobrar el rescate.
A fuerza de varios logros, se había ido creando entre la población la idea de que en materia de secuestros había experiencia y profesionalismo de las autoridades para manejar los distintos casos y de esa suerte muchos confiaron en las autoridades a lo largo de varios años y el resultado fue un creciente número de denuncias. Pero cada vez que algo sale mal, todo lo ganado durante años de esfuerzo y de éxitos se borra porque la pérdida de una sola víctima es demasiado cuando se contabiliza el trabajo para resolver los casos de secuestro.
La indignación provocada por el asesinato del joven Gressi ha provocado un clamor para que se aplique severamente la justicia a los responsables del crimen. El limbo en que permanece la pena de muerte en Guatemala no permite su aplicación a los delincuentes que mataron a su víctima, no obstante que el Código Penal establece la pena de muerte para los secuestradores cuando fallece el secuestrado. Pero si es importante que el Ministerio Público y las autoridades procedan con la mayor diligencia en este caso en el que la flagrancia es un ingrediente importante, para enviar por lo menos un mensaje de justicia en medio de esta dramática situación que sufre una familia guatemalteca.
En la medida en que las víctimas de secuestro ceden a la presión de los secuestradores y omiten la denuncia respectiva, se alienta a los criminales a que continúen cometiendo el delito porque cabalmente ese silencio, comprensible por la circunstancia especial que sufren las familias, es propicio para que los secuestradores se sientan cómodos y confiados. Y hay que reconocer que si bien se había avanzado mucho para que hubiera denuncia concreta en muchos casos, ahora vendrá una época de desconfianza de la ciudadanía en la eficiencia profesional de los policías y ello es doblemente peligroso. Obviamente algo puede salir mal en cualquier caso tan delicado, pero las implicaciones de un error en esta materia se vuelven terribles para la sociedad.