Debido al funesto papel de las aplanadoras oficiales, desde hace un par de elecciones ha venido cobrando importancia el criterio de que hay que esparcir el voto, para tener un Congreso dividido en varias bancadas y evitar que el oficialismo tenga el control del Legislativo. Así fue en el período anterior y el mejor ejemplo de lo que ello produce fueron los manejos que se dieron mediante tráfico de influencias para asegurar, por ejemplo la reelección de Méndez Herbruger como Presidente del Organismo Legislativo.
Pero fue tanta la aversión a las aplanadoras que ni siquiera con ese antecedente o el del Congreso de Serrano, entendimos que esparcir el voto no necesariamente es la solución, sobre todo cuando no tenemos formaciones políticas que estén acostumbradas a la búsqueda de acuerdos nacionales, sino agrupaciones compuestas por individuos llenos de ambiciones personales que lo único que saben negociar son ventajas para ellos y sus amigos o parientes.
Hoy podemos comprobar, con situaciones como la Ley de Armas y Municiones, que estamos frente a un Congreso sin rumbo y en el que será muy difícil lograr grandes acuerdos convenientes para el país. Habrá, desde luego, acuerdos y muchos, pero su utilidad y conveniencia y a quién benefician es lo que siempre estará en seria duda.
Vemos, por ejemplo, que la elección del Tribunal Supremo Electoral se convierte en una forma de pagar facturas políticas y que los bloques mayoritarios se asignan la mayor tajada, como es lógico. Veremos que en el futuro, cada bloque que decida dar su apoyo a una iniciativa del gobierno, logrará beneficios directos para sus miembros y apoyos para otro tipo de iniciativas que convienen a determinado sector. Así es como se negocia en Guatemala y no hay razón para suponer que las cosas han cambiado de los tiempos de Serrano para acá.
Obviamente las aplanadoras no convienen y tampoco conviene dispersar el voto; la pregunta que deberemos hacernos es cuál mal resulta menor en esas condiciones y mientras se da el día, si es que llega, en que dispongamos de un sistema de verdaderos partidos políticos que entiendan que cuando se les pide negociar no es que se les de licencia para hacer pisto, sino ponerse de acuerdo en las cuestiones más importantes para la sociedad guatemalteca. Negociar en política no tiene nada que ver con sacar ventajas personales, sino la búsqueda del máximo acuerdo dentro de las diferencias ideológicas y de visión de país.
Para los que nos han embarcado en esa tonta idea de que mejoraría nuestra legislatura con la dispersión del voto, hay que recordarles que al menos con las aplanadoras se podían aprobar leyes en vez de esas interminables negociaciones que finalizan cuando se alcanza el precio.