La teoría dice que, entre otras funciones, el Organismo Legislativo tiene a su cargo la creación de leyes de beneficio para la sociedad y el ordenamiento del sistema jurídico del país, sin embargo, este planeamiento se aleja de lo que realmente sucede en el Congreso de la República, donde los diputados de la actual legislatura han conocido un escaso número de iniciativas y no han aprobado los proyectos de mayor demanda social.

Casi nueve meses han transcurrido desde que tomó posesión la actual legislatura en el Congreso y las críticas sociales para los autollamados “padres de la patria” por su escasa productividad ya son parte de la actividad diaria en las redes sociales y los medios de comunicación.

Según información de la Dirección Legislativa, en los últimos 271 días los congresistas solo han conseguido aprobar 26 decretos, lo que supone un resultado deficiente si se compara con el trabajo realizado en años anteriores, pero que genera aún más críticas si se considera que las leyes conocidas por los legisladores no son las que exige la sociedad.
 
Las causas de este escenario son múltiples, pero dos eventos han destacado en el 2012: la maratónica interpelación por la bancada Lider al ministro de Finanzas, Pavel Centeno, que detuvo por meses las sesiones plenarias y el evidente temor de los diputados, que se refleja en el retraso forzado para conocer la iniciativa de ley penal contra el enriquecimiento ilícito, la cual establece castigos para funcionarios y particulares corruptos.

“Son las sesiones plenarias las que el pueblo de Guatemala recoge como el  único trabajo que hacemos, aunque realmente no es así, pues también vamos a comisiones”, opina  el diputado Leonel Soto Arango, recién estrenado como jefe de la bancada del Partido Unionista y tránsfuga de la Unión del Cambio Nacional, aunque acepta “que sí hay que reconocer que hace falta avanzar en la agenda legislativa”.

El congresista reconoce que actualmente es preocupante no sesionar, ya que hay varios temas importantes pendientes de conocer; sin embargo, advierte que esta situación se complica aún más cuando los proyectos que tienen en agenda no van de la mano con lo exigido por la población.

Las leyes aprobadas confirman la ausencia de sintonía y coherencia entre lo que pide la población y la agenda de trabajo de los diputados; esto se confirma con tres iniciativas que se encuentran estancadas.

La discusión de la iniciativa de ley de Desarrollo Rural y la iniciativa que pretende enfrentar el robo de celulares, así como la aprobación de la ley penal contra el enriquecimiento ilícito, son los temas más requeridos por la población este año, pero a su vez han sido de los más incómodos para los congresistas.

El primer tema fue desechado pese al compromiso adquirido previamente de jefes de Bloque; una marcha campesina no fue suficiente para persuadirlos. En el caso de los celulares, la sociedad civil ha tenido un papel muy activo, pero se han estancado en pedir el Registro de Usuarios para enfrentar extorsión, lo que ha derivado en la negativa de  los empresarios de la telefonía móvil para crear el registro móvil y han tenido más peso.

El caso de la ley anticorrupción es el más emblemático, pues varias organizaciones sociales y ciudadanos han presionado a los representantes del Congreso para su aprobación, pero parece ser más grande el temor entre los congresistas por tipificar delitos como el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, al punto que se han valido de cualquier mecanismo para frenarla.

“La agenda aprobada en lo que va del año responde a los intereses de gobierno, es decir, que los decretos aprobados en gran medida benefician el funcionamiento de la política pública del Ejecutivo”, explica el analista político, Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Usac).

Según Castillo, “después de esos primeros diez decretos hemos visto que son producciones muy erráticas que no tienen impacto en la calidad de vida de la ciudadanía”.

Amílcar Pop, quien llegó por primera vez al Congreso el pasado 14 de enero, dijo que el papel de varias bancadas ha sido irresponsable e incoherente con las demandas del pueblo.

“Tenemos pendiente las leyes de transparencia que el mismo Presidente propuso y nosotros replanteamos, y no han sido aprobadas; tenemos la ley contra la corrupción y no hay interés en abordar esto. El interés del partido oficial está en los créditos y reforma fiscal”, señala el congresista.

El diputado Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, opina distinto, pues considera que  algunos proyectos, como la ratificación del Estatuto de Roma y la creación del Ministerio de Desarrollo Social han sido de beneficio social, aunque también reconoce que la productividad en temas fundamentales de Estado ha sido baja debido al entrampamiento provocado por el Partido Lider con la interpelación a Centeno y ahora por el bloque oficial, cuando se debería conocer la ley anticorrupción.

A menos de dos meses para que concluya la legislatura, los congresistas esperan que la agenda se reactive lo antes posible y que no se cumplan los comentarios que rondan en pasillos parlamentarios, que apuntan a que el interés del partido oficial es impulsar temas financieros, como el presupuesto y emisión de bonos, y evitar las leyes de transparencia.

ESCASO ECO
La directora ejecutiva de Guatemala Visible, María de los Ángeles Fuentes, señala que pese a la participación activa de la sociedad civil, los requerimientos de la población tienen poco eco entre los congresistas.

“Existe temor por parte de algunos diputados, aunque aclaro que no son todos, sobre las consecuencias que podría traer la aprobación de las leyes de transparencia. Por ejemplo, el temor que pudo hacerse más fuerte luego de lo sucedido al expresidente del Congreso, Eduardo Meyer”, resaltó.

Meyer, implicado en la pérdida  de Q82.8 millones del Congreso, recibió una condena de tres años de prisión conmutables; para casos similares futuros, si se aprobara la ley anticorrupción, aumentarían las sanciones.

El director de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, es menos optimista respecto al tipo de decretos que aprueba el Congreso. Considera que la presión social logra poco, por lo que esta legislatura está quedando en deuda con las peticiones de la ciudadanía y deja en duda la calidad de “representantes” en los legisladores.

“En cada legislatura que viene son cada vez más insensibles y más cínicos los diputados frente a la demanda de la población”, resaltó.

Marroquín asegura que esta situación no cambiará mientras no se reforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ya que son las agrupaciones quienes llevan ese perfil de diputados al Congreso. “El único criterio de selección para ser diputado es tener dinero, mientras eso no cambie las demandas de la población quedarán relegadas”, concluyó.

Acción Ciudadana ha seguido de cerca el proyecto que tipifica la ley contra la corrupción y pese al lazo que colocaron y las firmas de compromiso que lograron, esto no logró influir en los diputados, quienes se muestran renuentes a aprobar el proyecto, aunque en sus discursos digan lo contrario.

La renuencia a escuchar las demandas y el conflicto de intereses que manejan provoca un mayor desgaste al Congreso al punto que está perdiendo la representatividad que en algún momento gozó.