El diagnóstico que ayer hizo el abogado Carlos Castresana sobre la situación de la criminalidad en el país y las dificultades para enfrentarla es certero y debe forzar a que las autoridades pongan acción en remediar las deficiencias que con toda claridad y sin ambages fueron señaladas por el responsable de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. No ha sido fácil el trabajo de esa instancia internacional que está siendo seguida con detenimiento en Naciones Unidas porque se puede replicar en varios países del mundo dependiendo del resultado que se tenga aquí, pero es obvio que en la CICIG ya se tiene un panorama más claro de los problemas que se enfrentan para resolver la crisis causada por la impunidad.
Obviamente no es secreto que el crimen organizado dispone de recursos enormes para realizar su malévola función mientras que el Estado carece de ellos y por tal razón el juicio de que se pretende enfrentar a criminales con recursos y técnicas del siglo XXI con fuerzas equipadas al estilo del siglo XIX es apropiado. Entrando en detalle de las deficiencias, llama la atención que Castresana dijera que en Guatemala muchos particulares hacen escuchas telefónicas, incluyendo al crimen organizado, mientras que el Estado carece de facultades y recursos para hacerlo. No existe un programa digno de tal nombre para proteger a los testigos ni para facilitar a criminales que denuncien a sus jefes o cómplices a cambio de protección.
La ausencia de buenos controles balísticos y de prueba científica es un elemento crucial que debilita la investigación y asegura la impunidad, pero hasta ahora el Ministerio Público no había querido reconocer sus fallas estructurales derivadas de que esa institución sigue operando en el marco de cómo fue utilizada durante el conflicto armado, cuando sirvió a los agentes del Estado para evitar la persecución penal por acciones realizadas en el marco de la guerra. Luego muchos de esos agentes se dedicaron al crimen organizado y siguieron gozando de la misma protección institucional.
Esos cambios son los que urgen pero sólo pueden ser resultado de una visión clara que admita el espurio origen de la institucionalidad de la fiscalía en el país. Reconocido el mal se puede emprender el proceso de transformación y hacia eso es que tenemos que orientarnos ahora.
Con planteamientos como el de Castresana, se demuestra que la CICIG sí puede hacer aportes consistentes en Guatemala para superar la barrera de la impunidad y ojalá que el comisionado empuje con fuerza y logre convencer a las autoridades locales de que es cuestión de interés nacional resolver esos ancestrales problemas.