Un nuevo «caso Madoff» basado en el esquema Ponzi ha salido a la luz en el pequeño país africano de Benín, donde miles de sus habitantes quedaron en la ruina y se pide que el jefe de Estado sea convocado a declarar ante la justicia por supuesta complicidad.
El fraude con la pirámide de Ponzi, similar que le valió una condena de 150 años de prisión en 2009 al norteamericano Bernard Madoff, consistía en remunerar a los primeros inversores con el dinero ingresado por nuevos clientes.
A principios de julio pasado, el presidente de Benín, Boni Yayi, destituyó al ministro del Interior Armand Zinzindohué en el marco de esta caso y ordenó la apertura de una investigación.
Según la comisión investigadora, 130.982 personas víctimas de estafa ya se habían inscrito al 15 de agosto en una lista de denunciantes, tras haber suscrito contratos por un valor de unos 130 millones de dólares ante fondos de inversiones, el principal de ellos ICC-Services.
ICC-Services, una compañía de Benín, prometió una remuneración de 150 a 200% por trimestre con reembolso del capital en un año.
Según un responsable del centro encargado de tomar las denuncias, Marc Vidégla, los denunciantes «son de origen y clases diversos».
«Algunos de ellos han colocado los ahorros de toda una vida; otros, responsables de servicios financieros, pusieron dinero de sus compañías; también los hay que pidieron dinero a usureros a al banco. Es una verdadera catástrofe social», explicó.
En la fila, Francine Assogba, de 68 años, confiesa agitada: «Puse el ahorro de 30 años de carrera de maestra y algunos años de pensión. Estoy en la ruina», dice.
«Hoy en día ni siquiera tengo para comer, porque, además, pedí un préstamo al banco que cobra en forma periódica mi pensión. Estoy perdida», agrega con lágrimas.
Un chofer de taxi, Janvier Houndékon, de 32 años, protesta: «Creímos, y cómo no creer cuando las autoridades políticas y administrativas garantes de la moral dieron ellas mismas su aprobación, mostrándose con esos responsables de los fondos de inversión. Incluso, algunos, invitaron a la gente a colocar su dinero. Fuimos engañados», denuncia.
Varios ministros visitaron en diversas ocasiones al director general de ICC-Services. La compañía participó financieramente en una manifestación pública organizada por la presidencia de Benín.
El principal opositor del país, Adrien Hungbedji, había acusado en julio al presidente Boni Yayi: «Elegimos al jefe de Estado para que proteja al pueblo y no para que proteja a los estafadores. Al hacer esto, violó su juramento. Violó la Constitución y debe ser juzgado ante la Alta Corte de Justicia», afirmó.
Sin embargo, una denuncia presentada por 48 parlamentarios contra el presidente Yayi por «prevaricación y perjuicio» fue declarada inadmisible.