Quienes hemos hecho de la lucha contra la impunidad una de nuestras misiones principales, tenemos que aplaudir que la maquinaria de la justicia se ponga en marcha en el proceso que se le sigue al ex presidente Alfonso Portillo, pero al mismo tiempo tenemos que señalar que es obvio que no se trata de una guerra declarada contra la corrupción, porque si así fuera sería larga la fila de los que aguardan el inicio de sus respectivos procesos.
No compartimos el optimismo de quienes piensan que éste es un ejemplar precedente, porque se trata de un caso aislado en el inmenso mar de podredumbre que ha caracterizado el ejercicio del poder en Guatemala, país en donde elegimos autoridades para que les cumplan a sus financistas y son éstos, junto al político que dirige los destinos del país, quienes se hartan con los dineros públicos. Recordamos los primeros escándalos públicos de la corrupción en Guatemala al remontarnos a finales de los años cincuenta y principio de los sesenta en el siglo pasado. El negocio de las corcholatas, la creación de Flomerca y otras linduras por el estilo marcaron el inicio de esa sofisticación del trinquete al darle apariencia de negocio. Fue tal el escándalo que hubo un golpe de Estado pero la verdad es que desde entonces no hemos cambiado más que para peor. Cada gobierno resulta más hábil para hacer trinquetes. En materia de corrupción es muy difícil pensar en alguien que esté a salvo. Prácticamente todos los gobiernos han tenido graves vicios en esa materia, sea porque se robaron los confidenciales o porque luego convirtieron al Ejército en su caja chica con el secreto de los gastos militares. Pero además están los robos encubiertos en privatizaciones, fideicomisos, contratos con ONG y linduras por el estilo. El país tiene un sistema diseñado para alentar la corrupción y esa realidad no ha sido enfrentada por nadie y la sociedad, que en tiempos de Portillo supo de las grandes dimensiones de la podredumbre porque en ese tiempo sí que se le contaron las costillas al Gobierno, se dio por satisfecha cuando se inició la persecución penal del ex presidente. Ratificamos que nos urge cambiar el sistema administrativo para orientarlo a la transparencia y que el precedente Portillo no llega a ser contundente porque al final de cuentas es un caso aislado en el mar de corrupción. Por supuesto es bueno y es una catarsis que al menos en un caso se busque justicia, pero de eso a suponer que estamos avanzando hay una enorme y fatal diferencia.