Un caso de justicia en Salud Pública (II de II)


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En la nota anterior esta columna explicó de qué manera el ministro de Salud Pública, Ludwig Ovalle, y la Sra. Sandra Torres, esposa del presidente de la República de Guatemala, Álvaro Colom, hostigaron al gerente de la Unidad nacional de atención al enfermo renal crónico, Unaerc, Werner Renato Beltethón, para que dimitiera por no acatar órdenes directas del Ministro, debido a que el Ing.

Roberto Arias


Beltethón sabía que las órdenes eran anómalas y con altos intereses personales para el Ministro, algunos empresarios farmacéuticos y la Sra. de Colom, en detrimento de la ciudadanía guatemalteca.
     
      En Internet puede encontrarse cómo operan las mafias de hemodiálisis en el mundo. Puede verse lo que ocurre en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en la siguiente dirección: (Issuu.com/quequi2/docs/que07marz2012), al grado que en una publicación peruana dice: En Perú se asegura que “Caso hemodiálisis, están rematando el servicio a una mafia mexicana”. El mundo está plagado de estas mafias de hemodiálisis. El IGSS se fue de Unaerc de pagar Q.11 millones, a pagar más de Q.70 millones al centro de los Cohen, como un elemental ejemplo de lo que ocurre en Salud Pública en Guatemala.
     
      Finalmente, en el acta 09/2010 de fecha 23 de abril, de forma ilegal, retiraron del cargo al Gerente de Unaerc, aplicándole el acuerdo ministerial No. 615-2010 realizado específicamente para retirarlo. El acuerdo no le aplicaba hasta que él dejara el cargo, porque aún tenía las calidades con que fue originalmente contratado.
     
      Fue doblemente ilegal cuando dispusieron retirarlo del cargo. Únicamente lo hicieron los miembros representantes del Ministerio de Salud, constituyéndose de forma absurda como Consejo de Administración, porque el Consejo lo conforman dos entidades: el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Fundación de Amor (del Ministerio de Salud, 3 representantes titulares y 3 suplentes, de la Fundación de Amor 2 representantes titulares y 2 suplentes).
     
      El 29 de abril de 2010, Fundación de Amor promovió un Recurso de Amparo -57-2010- ante la sala 1ª de la Corte de Apelaciones,  del Ramo Civil y Mercantil, constituida en el Tribunal de Amparo. La sala otorgó amparo provisional el 14 de mayo de 2010 y ratificó el mismo el 2 de diciembre del mismo año, en donde quedó sin efecto ni validez legal el acta 09/2010.
     
      No estando satisfechos el ministro de Salud, Ludwig Ovalle, y compañeros con dicha resolución, el Ministro se apersonó como tercero interesado en el proceso, apelando el fallo ante la Corte de Constitucionalidad. La CC, al analizar el proceso, ratificó el amparo otorgándolo con lugar por considerar ilegal el acta suscrita el 22 de marzo de 2011.
     
      A pesar de tanto debate respecto a la justicia en Guatemala, podemos ver que en muchos casos, la justicia aplica, respetando el estado de Derecho y los intereses de las personas honestas que ven soliviantados y cercenados sus derechos constitucionales.
     
      Finalmente el Gerente General de Unaerc, Ing. Werner Renato Beltethón García, fue restituido en su puesto, el 10 de febrero de 2012, por orden directa de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. ¡Bravo, por la Justicia!
     
      Pero a partir de este caso podemos imaginar cuán podrido está el aparato gubernamental de Guatemala. ¿Qué o quién puede garantizar a los guatemaltecos que las cosas no seguirán igual o peor contra los ciudadanos, si ya estamos viendo algunas de las viejas mañas en los nuevos gobernantes?