Varios capítulos del «escándalo financiero en el Congreso de la República» se estrenaron esta semana. El lunes fue un día negro para el diputado Eduardo Meyer, cuando el juez pesquisidor, Napoleón Gutiérrez, anunció que solicitaría a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) levantarle el derecho de antejuicio porque existen indicios de la comisión de tres delitos, mientras que el martes, el interventor de MDF, Raúl Falla, después de tener acceso a las cuentas de esta Casa de Bolsa fue testigo del hallazgo del que todos los guatemaltecos esperaban, aunque algunos diputados no lo aceptaban ¡la desaparición de los Q82.8 millones!, uno de los capítulos más emocionantes de esta trágica comedia en lo que parece ser el final en su primera temporada.
Hay más implicados
La historia continúa, porque no acaba con la desaparición de dichos fondos públicos, ni con la fuga del principal accionista de MDF, Raúl Girón. Falta por verse la suerte de los dos ex presidentes del Congreso de la República, Rubén Darío Morales (2007-2008) y Eduardo Meyer (2008-2009) y de los que resulten implicados, incluyendo los personeros del Banco Uno que los diputados piden que se investiguen porque fue ese banco que permitió con la autorización de dos funcionarios menores sustraer esa millonaria masa monetaria. El mismo Meyer no se atreve a revelar más, porque, según dijo a un rotativo, «lo matan».
El ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala se vio obligado a renunciar el 5 de agosto por la fuerte presión que ejerció la oposición política y su coopartidario y jefe de la bancada oficial, Mario Taracena, quien en la víspera del escándalo financiero fustigó al entonces presidente para que revelara los nombres y montos de los contratos de sus allegados y depusiera el proyecto de edificar en la zona 15 un moderno y lujoso complejo legislativo a un costo multimillonario, porque el país estaba en tiempo de «vacas flacas».
Los presidentes de UNE han salido por la puerta trasera
Los dos presidentes del Congreso de la República que UNE ha designado, primero como oposición durante el periodo legislativo 2004-2005 con Rolando Morales a la cabeza y ahora como partido oficial, con Eduardo Meyer, coincidentemente ambos el primer año del inicio de legislatura, han salido por la puerta trasera. Meyer está a punto de perder su inmunidad, porque se espera que el pleno de magistrados de la CSJ ratifique la recomendación del juez pesquisidor y sea juzgado en ese sentido por un juzgado penal como cualquier ciudadano de a pie.
Sin embargo, si es encontrado culpable por los tres supuestos delitos que Gutiérrez estima pudo haber incurrido el doctor Meyer (incumplimiento de deberes, peculado y omisión de denuncia), las penas son irrisorias, porque van desde una multa hasta Q5 mil y prisión conmutable hasta tres años. El escarmiento quizá más grande sería ser despojado de su investidura como diputado y de la vindicta pública, porque culpable o no mediáticamente ya fue juzgado y sentenciado y pasará a la historia como uno de los presidentes de este Organismo del Estado más neófito e irresponsable de los últimos tiempos.
Si Meyer la tiene difícil, porque no sustrajo fondos públicos, según pudo establecer preliminarmente el juez pesquisidor, el ex presidente Rubén Darío Morales es inminente que será juzgado por la comisión de otros delitos, porque existe abundante evidencia que recibió comisiones de MDF, igualmente su esposa y sus dos hijos. Está demostrado que durante su gestión (2007-2008) Byron Sánchez Corzo y José Conde, ex funcionarios menores del Legislativo, depositaron Q16 millones en esa Casa de Bolsa y aunque bien retornó a las arcas públicas, las comisiones y una buena parte de los intereses fueron a parar a bolsillos de particulares, un millón de quetzales a las cuentas de Morales, según las investigaciones hasta el día de hoy.
La tentación era muy grande
El cúmulo de los remantes de ejecuciones presupuestarias anteriores que datan de la postdepuración del Organismo Legislativo en 1993-1994, fue lo que despertó la avaricia con el «jineteo» de estos fondos públicos, porque en enero de este año el monto de esos supuestos «ahorros» ascendía a más de Q151.2 millones, de los cuales Sánchez y Conde retiraron de los bancos del sistema Q82.8 millones para «invertirlos» a mediados de febrero en la Casa de Bolsa MDF a una tasa de interés mensual de 9.5%, que rindió hasta julio Q3.6 millones, más de Q600 mil mensuales.
Ahora al pleno
A solicitud de la diputada Nineth Montenegro, el Congreso de la República dispuso citar para el martes de la semana entrante al Superintendente de Bancos, Contralor General de Cuentas, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Registrador de la Bolsa de Valores, Interventor de MDF, incluyendo al Gerente del Banco Uno. Todos ellos, deberán comparecer al Pleno a rendir un informe circunstanciado de su actuación a partir del uno de agosto, cuando el problema de la estafa millonaria pasó a su jurisdicción por incumplimiento del accionista principal de MDF, Raúl Girón de devolver el dinero el 31 de julio los Q82.8 millones.