Este concepto es valioso porque evidencia que los impuestos deben ser claramente visibles y gozados por la población que paga, y qué mejor tributar sí­ y sólo sí­ el gobierno demuestra que ha sido capaz de invertir correctamente los impuestos.

Actualmente, por enésima vez se retoma el tema de la Reforma Fiscal -sin duda necesaria-, el Gobierno ha reducido el problema a simplemente aumentar los impuestos.

Esto es indudable, ya que nuestra carga tributaria es muy baja, y se sabe que los paí­ses más desarrollados son los que tienen los í­ndices más altos de tributación, mientras que en los paraí­sos fiscales se favorece más el desarrollo empresarial, más no el social.

Sin embargo, el Gobierno hace mal en no reconocer que la Reforma Fiscal tiene muchas más aristas que simplemente aumentar impuestos. Otro de los puntos en que acierta la apuesta del Ejecutivo es que se intentará combatir la evasión fiscal -sobre todo en las aduanas- y crear la Ley de Extensión de Dominio, cuyo objetivo es utilizar las propiedades y bienes confiscados de actividades ilí­citas, lo cual podrí­a generar mil de millones de quetzales si se logra hacer bien, como ha funcionado en Colombia.

Pero, el Gobierno de ílvaro Colom no sigue esa filosofí­a en la que el presidente dice creer, es decir, la concepción indí­gena del pago de impuestos.

El Gobierno, por si no se ha dado cuenta, sufrió la baja en la recaudación, no por la crisis financiera mundial, sino por una especie de bloqueo de parte de los sectores poderosos para evitar la tributación, ya sea de formas legales o ilí­citas, sobre todo en rechazo a los programas de Cohesión Social -en especial Mi Familia Progresa- que presentan poca transparencia.

Yo creo que estos programas son positivos y que son necesarios en esta sociedad que lleva siglos en la desigualdad y que, por eso, necesita una terapia de shock para desvanecer el desequilibrio. Sin embargo, tan fácil serí­a para el Gobierno que sus programas sociales fueran más transparentes, con lo cual evitarí­a la mayorí­a de crí­ticas.

Y este mismo embargo tributario podrí­a sufrir el Gobierno para el 2010, si es que no hay una actitud de cambio desde el Ejecutivo ante la visión de los ingresos fiscales y de otras fuentes. Por ejemplo, es inmoral que los préstamos millonarios hayan servido para gastos de funcionamiento, porque estos fondos no son inversión y, por tanto, no tendrán frutos.

Asimismo, los programas de Cohesión Social son visibles para cierto sector de la población, pero no para quienes deberí­an pagar (o para quienes el Gobierno quisiera que pagaran más), por lo que, de nuevo, tendrán una fuerte oposición.

El Gobierno, como también lo reconoció Colom hace dos semanas, está muy confiado en su caudal electoral que cosecharí­a con sus programas sociales, lo cual no es ético decirlo, pero -para qué negarlo-: todos los presidentes han apostado a ello. Sin embargo, si no hace una propuesta de Reforma Fiscal que beneficie a todos, se volverá a topar con el mismo bloqueo tributario de este año. ¿Difí­cil lograr consensos? ¡Claro que sí­! Si de eso se trata la dificultad de gobernar.

Y, por si el Gobierno no se ha dado cuenta, sólo 2010 tendrá como campo de acción para HACER ALGO en su perí­odo, ya que en 2011, año electoral, ni siquiera contará con sus aliados polí­ticos en el Congreso, quienes se irán con el mejor postor en el listado de diputaciones y se olvidarán de promesas de contratos para sus departamentos.