El más trascendente de todos fue que la presión de un pequeño, pero influyente sector de la ciudadaní­a hizo que se revirtieran componendas trágicas para la justicia del paí­s y que se dejaran fuera a personajes que tení­an compromisos con los grupos de poder oculto que han cooptado las instituciones de todo tipo. Es de reconocer que sin el empuje que dio la presencia en el paí­s de la Comisión Internacional Contra la Impunidad no se hubiera logrado nada, puesto que no sólo fue decisivo el papel que jugó su comisionado, sino que, además, ya habí­a abierto brecha al generar credibilidad y confianza entre la población.

Hasta ahora, cualquier funcionario judicial que quisiera hacer carrera en la administración de justicia tení­a que comprometerse con los grupos ocultos, con los poderes más tenebrosos, porque éstos controlaban las instancias decisivas. Se han ocupado del Colegio de Abogados, de las Universidades y especí­ficamente de las decanaturas de las facultades de derecho y por lo tanto su capacidad para manejar las Comisiones de Postulación era enorme. En ese sentido el esfuerzo de la diputada Montenegro con la ley reguladora es importante, aunque debe admitirse que fue relativamente inútil porque las comisiones no fueron colador sino que sirvieron especí­ficamente para incluir en las listas a los abogados seleccionados por esos poderes ocultos.

De esa cuenta la lista entregada al Congreso le facilitaba a los diputados hacer cumplir sus compromisos con los poderes fácticos, negociados por el delegado de la bancada oficial, la cuñada del Presidente y el llamado Rey del tenis, quienes se reunieron como si fueran en realidad factores edificantes en la conformación del sistema judicial, no obstante que se conocen cuáles eran sus intenciones y a dónde querí­an llevar el proceso.

Hoy en dí­a se puede decir que los magistrados que tienen intención de hacer carrera tienen que hacer un compromiso con la justicia y no con la impunidad. Es primera vez que se sienta el precedente para que los jueces y magistrados que han resuelto contra derecho y para favorecer a corruptos, narcotraficantes y en general a sinvergí¼enzas, son señalados y tachados, por lo que a partir de este proceso, deberán tener cuidado porque el ojo de la sociedad no puede volver a cerrarse y tendrá que estar atento para marcar, de por vida, a los que resuelven en contra de la justicia y a favor de la impunidad.

Por ello es que este proceso puede considerarse como histórico, puesto que en realidad ha abierto los ojos a muchos y permitió un pulso en el que, contra todo pronóstico, la sociedad se impuso a los grupos clandestinos de poder oculto que han secuestrado a las instituciones. Debemos reconocer y agradecer el papel de la CICIG que se vio forzada a jugar sus cartas en forma poco ortodoxa pero absolutamente necesaria para evitar que los pí­caros se salieran con la suya.