Sigo pensando que con los cambios operados en el Ministerio de Gobernación el ciudadano no tiene razones para sentirse más confiado en la Policía Nacional Civil y que si con Carlos Vielmann había una fuerte presión pública para que se efectuara una profunda depuración, esa exigencia se diluye marcadamente luego del nombramiento de la señora Adela de Torrebiarte al frente de la cartera porque ella ha solicitado y recibido una especie de período de gracia para dar a conocer sus planes. Sin embargo, el operativo realizado ayer en lugares donde son vendidos en puestos callejeros aparatos de telefonía celular «usados», eufemismo para referirse a los que han sido robados a punta de pistola, merece un aplauso porque aún siendo una medida relativamente sencilla, puede contribuir a salvar muchas vidas.
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Si se dificulta el comercio de los aparatos robados, lógicamente tendrá que disminuir su robo porque los ladrones no tendrán facilidades para vender la mercadería mal habida a la población. Si tan solo las autoridades hubieran realizado ese tipo de operativos en el pasado, muchas vidas pudieron haberse salvado. Porque la verdad es que no se requería de la aprobación de una ley específica para contrarrestar el comercio ilícito de esos artículos y si hubiera existido voluntad de desmantelar las redes de vendedores al menos con la misma intensidad con que se persigue a los vendedores de discos piratas, hace rato que se hubiera logrado una reducción significativa en el robo a mano armada de tanto aparato.
La ley que aprobó el Congreso y que contempla sanciones económicas fuertes para quienes activen o comercien con aparatos robados o cuya procedencia legal no pueda ser comprobada, es un elemento adicional que ayuda más a las autoridades para librar la batalla contra pandillas de maleantes que se dedican a robar ese tipo de aparatos con el más absoluto desprecio por la vida humana. En Guatemala no es exagerado decir que la vida de una persona vale menos que el más sencillo de los aparatos de telefonía celular, porque se ha convertido en un jugoso negocio para mucha gente el robo, la venta y activación de teléfonos robados.
A pesar de que aún al día de hoy yo sigo pensando que cualquier ciudadano tiene que sentirse temeroso si se topa con un retén de la Policía Nacional Civil porque existe una evidente complacencia de las autoridades que sostienen que la mayoría de los agentes actúan en el marco de la ley, debo aplaudir lo que hicieron ayer al caer sorpresivamente en los lugares de sobra conocidos donde en plena calle son exhibidos los aparatos robados y donde se realiza un amplio comercio con ellos. Y pienso que esas batidas tienen que ser permanentes y que a diferencia de las que se efectúan con enorme despliegue para perseguir a los vendedores de mercadería pirata, en este caso el efecto es directo en cuanto a proteger la vida de los ciudadanos porque la estadística no miente en cuanto a la cantidad de personas que mueren en el momento de ser despojadas de su celular.
Se sabe que la mercancía más apetecida por quienes asaltan en los buses urbanos y extraurbanos es esa enorme variedad que hay de teléfonos móviles que luego son fácilmente revendidos y que se pueden comprar en puestos callejeros que operan con la mayor impunidad. Hay pandillas que ni siquiera se interesan en tarjetas de crédito u otros medios de pago, sino que simple y sencillamente andan tras los celulares porque saben que se trata de una mercadería caliente, que se vende con gran facilidad y que hasta ahora han podido comerciar sin mayores dificultades y hasta con el beneplácito de quienes activan los aparatos y con ello aumentan su clientela, por lo que ojalá se mantenga este tipo de operativos.