Faltan unos días para que la actual administración cumpla un año de Gobierno, por esa circunstancia, hago un balance general sobre la situación de Derechos Humanos en el país, pondero los avances y llamo la atención sobre situaciones que violan derechos y libertades de las personas. Es bueno recordar que la teoría clásica, la doctrina y la filosofía de los DDHH, definen al Estado y sus agentes como los únicos sujetos violadores de estos derechos, es sabido también, que un Estado puede violar los derechos humanos, por actos u omisiones.
Cumpliendo un ofrecimiento del Gobernante Pérez, el Estado de Guatemala mediante decisión del Congreso Nacional, ratificó el 26 de enero del presente año, el Estatuto de Roma, esto significa que el país, se adhiere y acepta la competencia de la Corte Penal Internacional, tal como lo dije en su oportunidad (La Hora 20 y 27 enero 2012), este acto es un importante avance en materia de DDHH, porque contribuye a prevenir las violaciones y a combatir la impunidad.
Otro avance legítimo es que en el marco del estado de Derecho, respetando el debido proceso, se han podido impulsar acciones judiciales para procesar a violadores de derechos humanos, sindicados de desaparición forzada e involuntaria, ejecuciones extrajudiciales y genocidio. En algunos casos, se han obtenido sentencias condenatorias, en otros, los procesos siguen el curso legal a la espera de resultados.
Como balance negativo resaltan, la impunidad, el abuso de fuerza y autoridad de la Policía Nacional Civil PNC, la limpieza social, la criminalización de las luchas sociales, las amenazas, atentados e intimidaciones contra la vida de activistas y dirigentes sociales, la represión contra los pueblos indígenas, las luchas campesinas, la defensa del territorio y del medio ambiente, estos actos violan derechos humanos civiles y políticos, así como libertades fundamentales individuales.
Otro aspecto negativo es la no realización de los DDHH económicos, sociales y culturales, que se expresa en los altos indicadores de pobreza, pobreza extrema, mortalidad materno-infantil, desnutrición crónica infantil, desempleo, bajos salarios, escasa cobertura de salud, educación y seguridad social, déficit de vivienda, inseguridad alimentaria y nutricional y otras desgracias sociales, que colocan a Guatemala como un país con menos desarrollo humano.
En este sentido, el Estado viola por omisión, los derechos humanos sociales de grandes sectores de población, afligidos por la precaria situación económica y social por la que atraviesan, sin que las autoridades competentes atiendan y menos que solucionen la problemática, derivada del racismo, discriminación, injusticia e inequidad.
Por último, la situación de los DDHH de la tercera generación, los que tienen que ver con la Paz, el desarrollo, la soberanía, la libre determinación, un medio ambiente sano y seguro, están muy lejos de ser plenamente respetados y cumplidos. Lo más sensitivo son, las luchas sociales criminalizadas por resistirse a las concesiones otorgadas por el Estado, para actividades extractivas a favor de compañías trasnacionales que exploran, extraen y explotan, hierro, metales preciosos, petróleo y construcción de hidroeléctricas, sobre todo, porque la actividad minera y las hidroeléctricas, provocan daños irreversibles en el medio ambiente y la salud humana.
Por oponerse a estas actividades, las organizaciones defensoras del medio ambiente, de DDHH, dirigentes y pobladores afectados, están siendo reprimidos, perseguidos y criminalizados. Las consultas populares realizadas en diferentes regiones, se han pronunciado en rechazo a dichas operaciones, por dañinas y lesivas al interés nacional, no obstante, el Estado ignora esas resoluciones, por lo que, las autorizaciones y actividades de las empresas extractivas e hidroeléctricas continúan, aunque alteran la paz social, divergen con el desarrollo, violan la libre determinación de los pueblos y el derecho a un medio ambiente sano y seguro.