Entre múltiples señalamientos acerca de los trágicos sucesos ocurridos en la cumbre de Alaska con el saldo trágico de 6 indígenas fallecidos y decenas de heridos, con la postura asumida por el presidente Otto Pérez Molina en torno a la captura de un coronel del Ejército y ocho soldados, se tendría que ser extremadamente obcecado al no admitir que, pese a otras circunstancias del entorno político y socioeconómico y en medio de retrocesos, se ha logrado un singular avance respecto al pasado mediato.
Que yo recuerde, jamás en el transcurso de las últimas décadas y aun durante gobiernos presididos por civiles, un oficial de alto rango había sido capturado como consecuencia de acusaciones tan graves como las que pesan sobre el coronel Juan Chiroy, y menos que los gobernantes hubiesen aceptado fríamente rigurosos procedimientos de los fiscales generales de sus épocas.
Se podrá argüir que durante el régimen del presidente Álvaro Colom fueron aprehendidos y luego sujetos a procesos judiciales oficiales de sumas jerarquías, como el general López Fuentes, por ejemplo, pero fueron sindicados de cometer delitos de lesa humanidad en el contexto de la guerra interna, y otros más por hechos ilícitos vinculados a la corrupción, además de que no estaban de alta en el Ejército.
No es una defensa oficiosa del presidente Pérez Molina, sino que es reconocer que ha tenido el valor cívico de aceptar públicamente que: “No hay ni la menor duda de que ahí (en Alaska) hubo una violación del derecho más sagrado que es el derecho a la vida”, para utilizar sus propias palabras, al referirse a los resultados de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y el Instituto Nacional en Ciencias Forenses.
Al aludir a la denuncia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos que responsabilizó al Estado por la violación del derecho a la vida de los manifestantes, el gobernante fue categórico al declarar “Aceptamos eso con toda gallardía, al decir que sí es cierto, hubo una violación y se perdió la vida de 6 guatemaltecos” (el subrayado es mío); aunque advirtió que esos penosos acontecimientos no constituyen un patrón de su administración y que ninguno lo planificó “y nadie lo quería (porque), no es una política del Gobierno”.
Por supuesto que lo que menos que hubiera deseado el Presidente es que en la represión contra de los comunitarios de Totonicapán fueran ultimados los inconformes, porque sería insensato crearle problemas de esa envergadura a su propio régimen; pero lamentablemente el control se le escapó de las manos, como se puede deducir de la versión del MP en cuanto a que el coronel Chiroy desatendió las instrucciones de oficiales de la Policía Nacional Civil respecto a que no se acercara con sus soldados al área donde se encontraban los manifestantes, y después abandonó a sus subordinados.
La actitud del presidente Pérez Molina contrasta con la oligarquía intransigente que persiste en justificar la participación del Ejército en actividades que no son de su incumbencia, que lo desgasta y compromete al mandatario, sobre todo si se trata de protestas sociales.
Naturalmente que al Presidente le falta largo y tortuoso camino qué recorrer en búsqueda de soluciones a los múltiples problemas que encara y responder a las reivindicaciones populares; pero mediante la negociación y el diálogo puede avanzar si se lo propone.
(El activista Romualdo Tishudo cita un refrán cuyo autor desconoce:-La puerta mejor cerrada es aquella que podemos dejar abierta).