Hace dos días, hablando de los cambios en su gobierno, el presidente Colom dijo que desde el asesinato de Vinicio Gómez, su primer Ministro de Gobernación, distintas fuerzas se habían estado alineando en su contra. Al margen de lo que dijo sobre las consecuencias, hay que rescatar el hecho crucial de que el mandatario calificó la muerte en un choque de helicóptero como asesinato y aunque luego trató de rectificar, queda claro que para Colom lo ocurrido fue un crimen de Estado.
Ayer la esposa del ministro muerto se quejó de que las investigaciones han sido tan ineficientes como para pensar que se está impidiendo un avance que permita establecer fehacientemente la causa de la muerte del funcionario. Dio detalles claros de por qué está convencida de ese extremo y pidió a CICIG que se haga cargo de la investigación pertinente.
Si efectivamente lo dicho por el Presidente es reflejo de su conocimiento o, cuando menos, de su percepción, es obligado que se intensifique el proceso de investigación, no sólo del hecho mismo, sino de por qué no avanzó el trabajo del Ministerio Público y cómo fue que algunas evidencias fueron desaparecidas o, por lo menos, manipuladas de manera tal que no puedan ser útiles para lograr el cometido de esclarecer los hechos.
Vinicio Gómez no era parte del equipo político del presidente Colom. Había sido el viceministro encargado de seguridad en tiempos de Berger, bajo la responsabilidad de Adela de Torrebiarte, y fue contactado para asumir el ministerio y dirigir la política nacional de seguridad y combate a la criminalidad. Y todos los analistas coinciden en que estaba realizando un eficiente trabajo, independiente y certero para golpear a líneas muy fuertes del crimen, especialmente en lo que se refiere al narcotráfico.
Desde el mismo día de su muerte empezaron a correr rumores sobre mano criminal en lo que se presentó como un accidente del helicóptero que utilizaba. Especialmente porque la versión de que se quedó sin combustible no compaginaba con la experiencia demostrada del piloto de la nave, muerto también en el hecho. Pero como siempre pasa en Guatemala no hubo investigación seria y profunda, por lo que hoy en día son más los cabos sueltos que lo totalmente claro.
La petición de la viuda de Gómez es lógica, razonable y, sobre todo, profundamente humana y obliga a que se revise todo lo actuado para esclarecer lo ocurrido con el funcionario. Por el bien del país, además de la tranquilidad de la familia, y hasta por interés del mismo gobierno de Colom, es absolutamente necesario que se esclarezca el hecho.