A un año de la llegada del nuevo gobierno de Guatemala, las principales promesas de campaña y los discursos de inauguración fueron el punto de atención, no sólo para la población, sino para la oposición, que en todo momento estuvo lista para señalar imperfecciones.
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Esencialmente, el gobierno de Colom fue visto con lupa en cuanto a sus políticas de seguridad y de cohesión social, y en ambos temas han asegurado que ha habido avances, pero los opositores se han enfocado en criticar estos ámbitos.
Con respecto a la violencia, se prometió que se combatiría con inteligencia, y con respecto a los pueblos indígenas -que fueron fundamentales con su voto para la victoria de Colom- se les había prometido un gobierno socialdemócrata con rostro maya.
Entre los principales obstáculos que el Gobierno tuvo para sortear, se encontró la oposición en el Congreso de la República, que ha logrado frenar ciertas cosas a través de sus críticas; por otro lado, los medios de comunicación se han mostrado alertas con lo desempeñado con el Gobierno, por lo que a veces ha habido roces con el mandatario.
En esta entrega, presentamos los cuatro temas que se convierten en los puntos de evaluación del primer año del gobierno de ílvaro Colom.
INTELIGENCIA Y VIOLENCIA
Analistas en seguridad han destacado que el año 2008 estuvo marcado por altos índices de violencia; aunque se han reconocido algunos aspectos del primer año de gobierno del presidente Colom, se destaca que el tema podría mejorar si se implementan estrategias de inteligencia e investigación.
Las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil han reconocido algunas deficiencias en el tema, sin embargo, señalan que también ha habido avances.
Según se ha indicado, la captura del presunto narcotraficante mexicano Daniel Pérez Rojas, alias «el Cachetes», es muestra de los resultados obtenidos por ambas instituciones; así como las liberaciones de secuestrados y la depuración de más de 60 elementos de agentes policíacos involucrados en hechos ilícitos.
Además, por otro lado, se destaca la captura de 36 mil 725 personas por diferentes delitos como homicidios, robo de vehículos, narcotráfico, extorsiones y secuestros, 2 mil 170 más que el año anterior; además de la recuperación de 1790 vehículos y 4 mil 546 armas poseídas ilegalmente.
Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack, indicó que en materia de secuestros los resultados han sido visibles; no obstante, éstos han sido opacados por los altos índices de violencia registrados en 2008.
Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), opina de forma parecida a Mack, ya que destaca que, en aspectos como el incremento de linchamientos, muertes de pilotos y femicidios, entre otros, al Estado se le «salió de las manos» la seguridad.
De acuerdo con estadísticas de diferentes instituciones, el año pasado la presencia del narcotráfico se incrementó en el país; unas 600 mujeres fueron asesinadas, 138 pilotos murieron y 14 reos perdieron la vida en los diferentes centros carcelarios.
Carmen Rosa de León, del Consejo Asesor de Seguridad (CAS), manifestó que para que el trabajo del Mingob y de la PNC mejore, es necesario implementar estrategias de investigación e inteligencia. Según ella, la promesa de campaña de que «La violencia se enfrenta con inteligencia», va encaminada para que se convierta en ello; para que esto se concrete se debe especializar y profesionalizar a los miembros de ambas instituciones e incrementar el número de investigadores.
CON INDíGENAS
Organizaciones indígenas campesinas, de mujeres, de investigación, que luchan por el acceso a la tierra, e incluso quienes apoyaron antes de la toma de posesión al presidente ílvaro Colom, se vieron excluidos del gabinete de gobierno y de las acciones de su primer año de administración.
Uno de los estribillos repetidos durante la campaña electoral recién pasada por el candidato presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fue la promesa de implementar un gobierno socialdemócrata con rostro indígena, empero, el ofrecimiento quedó lejos de concretarse.
Analistas y representantes de organizaciones de los pueblos indígenas acusan al actual gobierno de haber usado una imagen folclórica de sus comunidades y encasillar a los escasos miembros de sus pueblos, en instancias como el Ministerio de Cultura y Deportes y en la Embajada de los Pueblos Indígenas.
«Sí“LO ESPERANZAS»
Magdalena Zarat, representante de la convergencia de organizaciones indígenas Wakib»Kej, dijo que los candidatos a la presidencia hacen promesas electorales para que la población llegue a votar, por lo que el partido de la UNE ofreció mucho para pueblos indígenas.
Feliciana Macario, integrante de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), coincidió con Zarat. Ella estima que las promesas en campaña fueron convincentes, y dieron esperanza a las comunidades que esperaban un cambio real.
El analista del Organismo Indígena Nale»b, ílvaro Pop, expresó similar postura. Recordó que de los 52 puntos concernientes exclusivamente a los derechos de los pueblos indígenas que propuso Colom, apenas un 10% se habría cumplido, sin embargo, resaltó que se carece de mucha información para dar seguimiento al tema.
A criterio de Zarat, en este gobierno hubo personalidades indígenas que no tomaban las decisiones, en alusión a Jerónimo Lancerio y Cirilo Pérez Oxlaj, Ministro de Cultura y Deportes y Embajador de los Pueblos Indígenas, respectivamente.
Antolín Matías, miembro del Consejo Nacional de Ancianos mayas, xincas y garífunas, lamentó que pese a haber «caminado con él por tres años», tampoco cumplió las promesas que les hizo: consultar proyectos y solicitudes con la organización para que diera su visto bueno.
CON EL CONGRESO
Seguridad, municipalismo y Cohesión Social a cambio de leyes son algunos resultados u ofrecimientos de lo que produjo el acercamiento entre algunas bancadas y el Organismo Ejecutivo durante 2008.
Mariano Rayo, unionista, indicó que no es secreto que durante los últimos ocho años hubo total abandono al municipalismo por parte del gobierno central, que en 2008 cambió viéndose reflejado en el alivio del que gozan en infraestructura las municipalidades de Villa Nueva y la capital.
Explicó que ese acercamiento con el Organismo Ejecutivo ha dejado resultados. «En las noches ve los trabajos que se están realizando en las principales arterias de la capital y se va a ver este año con el tema del nuevo ramal del Transmetro con incremento para esa inversión», comentó Rayo.
Cuando el presidente Colom invitó en varias reuniones a líderes de la Unión del Cambio Nacionalista (UCN), asistieron con agrado porque estaban interesados en cooperar con la legislación para crear gobernabilidad y sacar al país de la crisis económica y de inseguridad que atraviesa.
También se les requirió no fueran realizadas interpelaciones innecesarias, eso es algo sobre lo que la UCN accedió, así como la aprobación de leyes para ampliaciones presupuestarias y presupuesto del Estado, pero a cambio debe haber ejecución efectiva y transparente de parte del Ejecutivo, que no se ha cumplido del todo, resaltó Leonel Soto Arango..
En la parte de inseguridad, para los casos de Quetzaltenango, Chiquimula y Jalapa esperan que se asignen más elementos de la PNC y se mejoren las unidades motorizadas, porque Coatepeque atraviesa inseguridad y esperan los resultados que no han logrado. Solo esperarán este trimestre para citar funcionarios, amenazó Soto.
El PAN tuvo acercamientos a través de Cohesión Social, donde gestionó proyectos atrasados de vivienda, construcción de carreteras y entrega de láminas porque los Ministerios no responden a las peticiones de la población, especialmente en Alta Verapaz, explicó el diputado Carlos Yat Sierra.
Esperan la conclusión del proyecto de 28 kilómetros de carretera para interconectar las localidades Chacalté, Chicacao, Panzamalá, todas de San Pedro Carchá, con un costo arriba de los Q13 millones, proyecto iniciado el cuatro de diciembre pasado.
Los proyectos de vivienda están atrasados desde hace 24 meses por incumplimiento de las constructoras que no terminaron la construcción de 72 viviendas en Chiasam, San Pedro Carchá. La entrega de lotes de diez láminas fue para 168 familias de comunidades Puente Viejo, Barrio Peña Blanca y Comité de Viudas en la Tinta, concluido en 2008, dijo.
CON LA PRENSA
El primer año del gobierno de la UNE, presidido por ílvaro Colom, tuvo como una de sus características la relación que se dio entre esa gestión y los medios de comunicación generadores de la opinión pública.
Evelyn Blanck, analista, opinó sobre ese tema que «toda la política comunicacional del Gobierno debería estar inserta en un campo mayor que el papel que le corresponde al Estado para garantizar los derechos de la comunicación», resaltó.
En ese punto, Blanck consideró que hay problemas puntuales, aunque reconoció que no se originaron con el gobierno actual. La entrevistada citó como ejemplo que el Gobierno de la UNE ha manifestado una mala relación con los medios escritos y una muy buena con los televisivos, lo cual ha sido un problema, aunque no en ese orden, de otros gobiernos.
La analista subrayó que el Gobierno de la UNE «ha consolidado y avalado la existencia del problema de concertación en la televisión, pautando muchísimo dinero en los canales de televisión abierta», además dijo que la actual administración tampoco ha atendido el tema de la concesión a radios comunitarias, a las cuales sólo tienen acceso los sectores adinerados del país.
Gustavo Berganza, director de la Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales, opinó que actualmente existe una relación de desconfianza con respecto a los medios de comunicación y el actual gobierno.
«La gestión actual ha tratado de invertir y cultivar una relación privilegiada con la televisión», indicó el entrevistado, y añadió que eso genera «desconfianza, incomodidad y molestia en diferentes sectores».
Berganza agregó que el efecto de la situación actual entre el Gobierno y los medios, es percibido por la población «no como una cuestión de relaciones públicas: la población nota ese intento de manipulación del Estado a través de la televisión, lo que genera la desconfianza de la población hace el Estado», subrayó.
Ambos entrevistados coincidieron en que el primer año de gestión del gobierno de la UNE no ha sido bueno en el tema de la garantía del derecho a la comunicación.
* Redacción: Mariela Castañón, Ligia Flores, Gabriel Herrera y Gerson Ortiz. Edición: Mario Cordero.