El autobús viajaba sobrecargado y a excesiva velocidad, los pasajeros insistí­an al piloto que debí­a desacelerar la marcha y todo parecí­a empeorar con el pasar del tiempo hasta que lo que parecí­a un viaje normal se convirtió en una tragedia de carácter nacional que enlutó a decenas de familias guatemaltecas.

«Es difí­cil recuperarse de una tragedia», dice cabizbaja Silvia Muñoz, quien hace un año perdió a su esposo en el fatal accidente protagonizado por un colectivo que viajaba de la capital hacia Cuilapa, Santa Rosa, y que en la curva de El Chilero se accidentó, dejando el saldo de 54 personas fallecidas y decenas de heridas.

«El conductor iba demasiado rápido y no pudo con la curva», recuerda la viuda, quien desde ese dí­a tiene que hacerse cargo de sus cuatro hijos con la ayuda de sus padres, en una humilde vivienda de Quezada, Jutiapa.

La situación de los sobrevivientes y familiares de las victimas se torna cada vez más complicada, cuando la ayuda gubernamental llega con retraso y los recuerdos afloran a un año de los fatales sucesos.

El accidente del autobús «Cubanita» dejó un estela de sufrimiento de daños y dolor en decenas de familias, en su mayorí­a del oriente del paí­s pero, además, reveló casos de impunidad y corrupción que aún no han sido esclarecidos.

IMPACTO

La noche del 29 de febrero de 2008 se trasladaron decenas de unidades de bomberos al kilómetro 35.4 de la ruta Interamericana, en donde se encontraron los cuerpos de las ví­ctimas y sobrevivientes entre los restos de chasis del autobús que se habí­a accidentado.

El primer informe de los cuerpos de socorro arrojó la cifra preliminar de 50 personas fallecidas pero en el transcurso del tiempo la cifra se incrementaba, igual que el número de heridos, por lo que los hospitales nacionales no fueron suficientes para atenderlos.

Ricardo Lemus, bombero municipal, recuerda que al llegar a lugar de los hechos se encontró con un panorama desolador, ya que habí­an personas sin vida en la cinta asfáltica y alcanzaba a escuchar los gritos desesperados de los heridos que se encontraban atrapados dentro del autobús.

«Cada minuto sacábamos a más muertos y heridos; empezamos con dos, cuatro y dí­as después fallecieron otras personas en los hospitales hasta que llegamos a contar 56 victimas», evoca Lemus, quien asegura que el accidente en El Chilero ha sido uno de los más serios en los últimos años.

Las personas heridas fueron trasladadas a los centros hospitalarios de la capital, donde la falta de personal médico y el material quirúrgico puso en aprietos a las autoridades de salubridad.

Luego de lo ocurrido, el gobierno ofreció ayuda para cubrir los gastos funerarios de las victimas y la Secretarí­a de Bienestar Social cooperó con bonos de Q300 mensuales para los menores de edad que perdieron a sus padres, pero las victimas no estaban conformes.

Los sobrevivientes del siniestro argumentaron que el piloto del colectivo fue irresponsable al no considerar los desperfectos mecánicos de la unidad de transporte mientras que conducí­a a excesiva velocidad en un área de la carretera reconocida por su peligrosidad.

Sin embargo, la responsabilidad jurí­dica del propietario del autobús se estaba olvidando, al igual que la de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones que estaban encargadas de cerciorarse de las condiciones de los autobuses.

SIN SERIEDAD

La visión panorámica de la tragedia humana 12 meses después del impactante accidente en la ruta a El Salvador, deja ver que es un tema «que no se trata adecuadamente ni en términos polí­ticos, ni en términos legislativos, ni en términos técnicos», comentó el diputado Héctor Nuila, del bloque URNG

Todo el sistema de transporte público de personas funciona en la mayor anarquí­a posible en el paí­s. Los empresarios en Guatemala actúan dentro de un marco grande de impunidad, denunció Nuila.

Como hay que empezar dentro y sobre por toda la maraña donde se originó el problema, que llevó a la lamentación humana para 52 familias que perdieron seres queridos, Héctor Nuila, sigue destacando que el desorden lleva a un riesgo permanente que ha terminado, termina y seguirá terminando en accidentes fatales.

Ese extremo, porque hay incumplimiento de los pilotos hacia toda la reglamentación del tránsito, «La Policí­a Municipal de Tránsito (PMT); la Policí­a Nacional Civil (PNC) son reproductores de esa impunidad porque no actúan», valoró.

SUPLENTES

Lo que pasó hace un año y que continúa, es el ejemplo de buses que sí­ operan con licencia, pero cuando sufren desperfectos o dejan de funcionar porque son llevados al servicio mecánico en el taller, son remplazados por otras unidades no registradas y que carecen de licencia, eso ha causado accidentes, refiere por investigación.

El transporte extraurbano causa por lo menos dos accidentes al mes y la constante es por desperfectos, principalmente, en los frenos, tracción delantera o trasera y otros mecanismos; impericia de los conductores y un gran porcentaje que manejan sin licencia., enfatizó el diputado.

Humanidad

En el armar y desarmar de este rompecabezas trágico histórico, está la parte del servicio que ofrece el elemento humano, quien desempeñando su trabajo, usan las carreteras como pistas de carrera para pelear el pasaje, desvalorizando al pasajero quien es visto como simple mercancí­a, analizó.

La codicia del empresario es otro de los elementos que se muestran diariamente, teniendo como costa al usuario que en muchos casos ha tenido que perder su vida en los accidentes por estar atrapado en medio de esa impunidad, subrayó Nuila.

En el caso El Chilero, el sistema de justicia no construye pruebas, conoce y resuelve generalmente en favor del empresario, se olvida de las ví­ctimas, pero fundamentalmente también se olvida del carácter preventivo que tienen la aplicación de la ley, «No tenemos ninguna situación de estas», reiteró Nuila.

INOCENCIA

Visto desde los ojos de parlamentarios, quienes han seguido de cerca el tema, luego de 365 dí­as todo sigue como aquella tarde, porque el proceso penal no muestra seriedad legal, no avanzan los procedimientos, según Aní­bal Garcí­a, diputado independiente.

Según Garcí­a, la presunción de inocencia sigue pesando a favor del diputado Aní­bal Augusto Salguero y Salguero, aunque lo hayan despojado de su inmunidad parlamentaria cuando se tramitó el antejuicio que fue declarado con lugar.

Sin embargo, persiste la duda legal sobre la elaboración de la papelerí­a con que se fundamenta la prueba para desligar al parlamentario Salguero y Salguero de ese recordatorio anual de muerte y dolor, comentan.

«Esto demuestra que muchos empresarios del transporte, no estoy diciendo el diputado Aní­bal Salguero, hacen cualquier tipo de cosas con las que podrí­an incurrir en delitos cuando suplantan una serie de documentos», opinó Garcí­a.

Se ha divulgado públicamente en los medios de comunicación que durante estos 12 meses, supuestamente se ha caí­do en argucias para violar la ley y ya han caí­do en falsedades materiales e ideológicas, que en este caso le están afectando al señalado, agregó.

«También se nota la debilidad del sistema de justicia porque ya pasó un año y el antejuicio ni siquiera ha podido consolidarse en virtud de tantos vericuetos que existen en materia procesal penal para retrasar la acción de la justicia», resaltó Garcí­a.

Lamentable es, que esta sea la hora y la fecha en que el proceso no haya tomado ningún curso normal, pero la mala noticia es que si el abogado que está asesorando al diputado Salguero, si quiere utilizar recursos dilatorios lo va a hacer porque la ley lo permite, terminó.