Tanto el informe del REMHI como el de la CEH dan cuenta de los crí­menes que cometieron los personeros del Estado de Guatemala en contra de la población civil durante el conflicto armado interno, como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional, de carácter contrainsurgente, diseñada por Estados Unidos y aplicada en casi todos los paí­ses de América Latina por los gobiernos militares de turno.

En el Ministerio Público existe una Fiscalí­a de Derechos Humanos con una oficina especí­fica de Esclarecimiento Histórico, encargada de investigar los crí­menes cometidos durante el conflicto armado interno, y a pesar que se tiene evidencia de 623 masacres realizadas por el Ejército y a que se cuenta con el testimonio de cientos de familiares de las ví­ctimas, únicamente tres casos han llegado a juicio, en donde se procesó a los autores materiales pero no a los altos mandos militares que aprobaron las acciones.

Como lo mencionó Juan Francisco Soto, abogado de CALDH, «los militares tienen la disciplina de escribir y firmar todo». Prueba de ello son los millones de documentos que conforman lo que queda de los archivos del Estado Mayor Presidencial (EMP) y de la Policí­a Nacional. Pero queda bastante más información que revisar, misma que podrí­a dar luces sobre quiénes son los responsables de la tortura, asesinato y desaparición de miles de personas, y que sin duda se encuentran registrados en algún documento de los archivos militares que todaví­a se guardan con mucho celo.

En un acto público realizado en los primeros meses de su gobierno, el presidente ílvaro Colom ofreció abrir los archivos militares para esclarecer los crí­menes y avanzar en los procesos judiciales. Aduciendo al secreto militar por seguridad nacional, el alto mando del Ejército se ha negado a entregar estos documentos. ¿Hasta cuándo debemos esperar el acceso a esta información para exigir un proceso en contra de los autores intelectuales de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno?