Por la crisis alimentaria y económica que ya empezamos a padecer, la consideré y por cierto que la sigo considerando, como una medida muy adecuada y oportuna. La crisis alimentaria es una preocupación mundial y resulta verdaderamente alarmante los graves efectos que pueda causar en paí­ses subdesarrollados como el nuestro, por eso es que enfrentar el problema alimentario en Guatemala no debe dar lugar a estigmatizar ideológicamente cualquier acción, no se trata de darle un semblante de izquierda o de derecha, aquí­ el punto es uno solo, la intención en la reactivación de este decreto constituye una estrategia muy humana y solidaria para enfrentar la amenaza de la hambruna. Pues esa es precisamente la razón de la existencia del Estado, regular el aspecto social y económico de un paí­s, pues en crisis como esta no podemos darnos el lujo de esperar a que el mercado vaya a ser el solidario.

A lo largo de la historia se ha comprobado que los dogmas ideológicos no funcionan. Guatemala durante mucho tiempo fue el granero de Centroamérica, pero las ideas radicales derivadas del «Consenso de Washington» decidieron la masiva e irracional privatización que se sufrió a lo largo del continente. Producto de las medidas que los dogmas neoliberales dictaminaron, hoy ya no existe INDECA y toda la infraestructura que poseí­a, por eso es que ya no contamos con los silos que el Instituto de Comercialización Agrí­cola utilizaba para almacenar y comercializar los granos básicos que se producí­an y fluí­an a lo largo y ancho del paí­s. Pero eso no es indicativo de la inexistencia, aunque en manos privadas, de la infraestructura adecuada para retomar esta estrategia. Hoy Guatemala la necesita más que nunca, y con esta intención solidaria considero que los señores terratenientes también saldrí­an beneficiados, no solamente porque este decreto en ningún momento dice que esta producción deben donarla a la sociedad o al Estado, sino también y sobre todo lo más importante, es porque resulta ser una medida muy acertada para frenar un estallido social de grandes proporciones que muchos analistas ya vislumbran en un cercano horizonte. Y es cuando la propiedad privada, en la cual yo creo, corre sus mayores riesgos.

No cabe duda que la indolencia manifiesta en crisis como esta podrí­a representar el condenarnos a llegar a estados verdaderamente catastróficos y apocalí­pticos que nadie en el paí­s en su sano juicio desea. Ya el Banco Mundial y otras instituciones internacionales han advertido sobre estos riesgos. El argumento principal para descalificar esta medida la ha fundamentado en que el libre mercado será el que nivele la producción necesaria de alimentos que se requiere en Guatemala. Algo verdaderamente falaz cuando en plena crisis esgrimen que primero hay que esperar la «oportunidad del mercado» cuando la presión de la demanda disponga a los señores latifundistas iniciar la siembra de los cultivos necesarios. Mientras tanto, cuántos guatemaltecos tendrán que morir de inanición y cuantos más producto de las revueltas sociales o incremento de la violencia tendrá que haber para llegar a comprender que estos no son tiempos para privilegiar al egoí­smo.