La mesa de Seguridad y Justicia se ha reunido con organizaciones civiles para continuar analizando la Ley Contra el Enriquecimiento Ilí­cito (LCEI) que no ha podido pasar su aprobación en el pleno después de cuatro de haber sido dictaminada como favorable.

El diputado independiente Aní­bal Garcí­a es ponente de una de las cuatro iniciativas que contemplan la tipificación del delito de enriquecimiento ilí­cito.

“Estamos llevando a cabo un intento in extremis para lograr la aprobación de esta ley” dijo Garcí­a afirmando que no cree que esta ley logre su aprobación en el presente año.

Una de las peticiones de esta ley es penalizar a todos aquellos funcionarios que aceptan comisiones en la adjudicación y construcción de obras públicas.

“El gran negocio de los diputados no es su sueldo sino las comisiones que recibe”, agregó el diputado haciendo referencia cómo muchos parlamentarios pueden recibir estas comisiones de hasta el 50%.

Así­ mismo, también resaltó que la penalización de este delito no va únicamente hacia los funcionarios públicos ya que la corrupción alcanza a las personas particulares que se desempeñan como entes corruptores.

Las condenas de las que habla esta iniciativa son de 10 a 15 años de prisión para los corruptores y corruptos.

El tema de enriquecimiento ilí­cito se ha estado discutiendo desde el primer año de legislatura y ha sido olvidada por la mayorí­a de bancadas. “Los partidos polí­ticos tiemblan cuando escuchan la ley de enriquecimiento ilí­cito, por eso no la han querido aprobar”, agregó.

Tomando en cuenta que en tres meses se termina esta legislatura, el actual diputado agregó que aprobar leyes como estas será un reto para los nuevos diputados, incluyendo los “dipukids”.

Ante este atraso de casi cuatro años por aprobar esta ley en el hemiciclo, Aní­bal Garcí­a califica al Congreso como “pobremente deslegitimado y sin voluntad polí­tica”.

Pese a ello, agrega que continuará este año en lo que pueda para lograr que esta iniciativa pase en la aprobación de sus tres lecturas.