La Comisión Europea presentó hoy una reforma para separar las actividades de producción y distribución de gas y electricidad en Europa, definiendo al mismo tiempo «duras condiciones» para las empresas extranjeras que quieran invertir en ese mercado.
El eje del plan de Bruselas consiste en dividir las actividades de abastecimiento de energía de las redes de transporte, es decir los gasoductos y las líneas de alta tensión que llegan hasta la entrada de las ciudades.
Todavía existen 11 países en la Unión Europea sin legislación para separar las actividades de producción y distribución de electricidad, y siete que no lo han hecho con el gas.
La propuesta de Bruselas afecta particularmente a grupos integrados como los franceses EDF (Electricité de France) o GDF (Gaz de Feance) o el gigante alemán EON, y por ello fue muy criticada incluso antes de su presentación por Francia y Alemania.
Para el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, la separación de las actividades de distribución y producción es «de lejos el enfoque más eficaz» para garantizar la plena competencia en el mercado.
«Es un poco como un supermercado que tiene sus propias marcas pero no quiere ofrecer espacio en sus estanterías a otras marcas, ni hablar de construir nuevas estanterías, o de que se abran nuevas marcas», explicó Durao Barroso en una conferencia de prensa.
Sin embargo, para asegurarse de que esta separación no provocará una dominación del mercado europeo por parte de algunos grandes grupos extranjeros exentos de esta regla, «es necesario que impongamos condiciones severas» a la participación no europea, dijo Durao Barroso.
Por ello, Bruselas incluyó una cláusula que impide a los actores extranjeros tomar el control de las redes de distribución de la Unión Europea sin la existencia de un acuerdo bilateral sobre el tema entre la UE y el país concernido.
Un inversor financiero podrá tomar una parte minoritaria en una compañía de distribución europea, pero un grupo de energía deberá pasar por un proceso de certificación y demostrar que no es al mismo tiempo abastecedor y que no sirve los intereses de un Estado.
Si bien la Comisión se niega a hablar de una «cláusula Gazprom», nadie duda que la medida apunta contra el gigante ruso que busca reforzar su posición en Europa o el argelino Sonatrach.
Para ajustarse a la exigencias de la Comisión Europea, los grandes grupos de energía integrados tendrán dos posibilidades: separar su patrimonio, vendiendo su red de transporte a otra compañía, o «alquilarla» a cambio de una renta regular a un operador independiente.
La medida también se aplica a las empresas públicas: las dos nuevas entidades surgidas de la separación podrán continuar siendo propiedad del Estado, pero con la condición de que dependan de dos ministerios diferentes y demuestren que toman sus decisiones de manera completamente independiente.
Otros puntos de la propuesta de la Comisión buscan mejorar la transparencia y la cooperación entre los operadores de redes, con el objetivo de facilitar el transporte de electricidad o gas de un país a otro, así como garantizar la compatibilidad de diferentes proyectos de inversiones.
Bruselas también pretende crear un ente regulador a nivel europeo, encargado de tratar los problemas transfronterizos.
El proyecto, que provocó tironeos en la Comisión hasta último minuto, debe ser adoptado ahora por los 27 Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo.