La Comisión Europea presentó hoy una nueva batería de medidas para luchar contra la inmigración ilegal, entre ellas una propuesta para instaurar sanciones mínimas a nivel europeo para quienes empleen a ciudadanos de países terceros en situación irregular.
Con el objetivo de enfrentar «un factor clave de atracción para la inmigración ilegal», los 27 Estados miembros de la UE deberán prever sanciones administrativas, financieras y, en los casos más graves, penales para los empleadores de clandestinos.
Esos casos «graves» son la reincidencia (tres infracciones en un lapso de dos años), el número de extranjeros empleados (más de tres), la explotación agravada y la utilización voluntaria de víctimas de tráfico humano.
«Un factor clave de atracción para la inmigración ilegal es la posibilidad de obtener trabajo en la UE sin el estatuto legal requerido. Por ello, acciones contra la inmigración ilegal y la residencia ilegal deben incluir medidas contra ese factor de atracción», señala la Comisión en su propuesta.
«El eje de estas medidas debe ser una prohibición general de emplear ciudadanos de países terceros que no tengan derecho de residir en la UE, acompañada de sanciones contra los empleadores que infrinjan esa prohibición», agrega el texto presentado por el comisario europeo de Justicia Franco Frattini.
Entre las medidas a tomar contra los empleadores que violen las reglas, la Comisión propone además impedirles acceder a ayudas públicas o subsidios, o recuperar aquellas que hayan sido brindadas, así como excluirlos de contratos públicos.
También se menciona la posibilidad del cierre temporal o permanente de los establecimientos en los que se ha empleado a inmigrantes ilegales.
Para librar esta batalla contra el empleo de clandestinos, los Estados miembros deberán garantizar que al menos 10% de la compañías establecidas en su territorio sean objeto de inspecciones en forma anual.
Esos controles deberán estar centrados en empresas de los sectores en los que está concentrado el empleo ilegal: la construcción, agricultura, limpieza y hotelería.
Si bien todos los Estados miembros, con la excepción de Chipre, sancionan ya el trabajo ilegal, menos de 20 prevén actualmente sanciones penales. Además, la aplicación de sanciones es muy diferente según los Estados miembros, algunos más laxistas que otros, lo que puede crear también distorsiones de competencia entre las empresas.
El proyecto de directiva prevé por otra parte disposiciones para que los inmigrantes puedan reclamar ante la justicia los salarios que les adeuden.
Si aceptan cooperar con la policía y regresar a sus países de origen, podrán recibir un permiso de residencia temporal para efectuar los trámites necesarios contra sus empleadores.
Las estimaciones sobre el número de inmigrantes clandestinos en la Unión Europea varían entre 4,5 y 8 millones, según la Comisión. Anualmente llegarían al bloque unos 500.000 clandestinos.
El proyecto de directiva deberá ser adoptado por mayoría calificada de los 27 Estados miembros y en codecisión con el Europarlamento.