La Unión Europea abre el jueves en Bruselas una cumbre dedicada al nuevo tratado que debe reemplazar al paralizado proyecto de Constitución europea y poner fin a dos años de crisis, aunque para lograr un acuerdo deberán superar la férrea resistencia de Polonia y el Reino Unido.
Si la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los 27 está prevista oficialmente para el jueves y viernes, la presidencia alemana de la UE ya advirtió que las negociaciones podrían extenderse al fin de semana, dada la urgencia de un acuerdo y los numerosos puntos que quedan por resolver.
Para la canciller alemana Angela Merkel se trata de la hora de la verdad en la que se jugará la suerte de su presidencia de la UE, y por ello los contactos se han multiplicado en los últimos días poniendo especial atención en los cuatros «rebeldes»: Polonia, Gran Bretaña, Holanda y República Checa.
En su búsqueda de consenso Merkel contará con el presidente francés Nicolas Sarkozy, que hará su bautismo de fuego en cumbres de la UE y puede ayudar a tender un puente con el primer ministro británico Tony Blair, que por el contrario se despide del escenario europeo, aunque su nombre se baraja para una eventual presidencia estable del bloque.
La presidencia alemana entregó el martes a sus socios una propuesta detallada de la convocatoria a la Conferencia Intergubernamental encargada de redactar el nuevo tratado, en la que incluyó las innovaciones que quiere conservar de la Constitución rechazada por franceses y holandeses en 2005.
El documento, de 11 páginas y al cual tuvo acceso la AFP, mantiene el sistema de votación por doble mayoría para reemplazar la unanimidad, una de las cuestiones más polémicas, ya que Polonia amenaza con vetar un acuerdo si no se busca un reparto más justo.
El sistema, que permitiría aprobar una decisión con el voto favorable del 55% de los Estados miembros que representen el 65% de la población de la UE, privilegia a Alemania, según los gemelos Lech y Jaroslaw Kaczynski, presidente y primer ministro de Polonia, respectivamente.
En un gesto hacia los polacos, la propuesta alemana menciona en un pie de página que dos delegaciones (Polonia y República Checa) «han indicado que desean plantear en el Consejo Europeo la cuestión», aunque no propone alternativas.
Segunda manzana de la discordia: la Carta de Derechos Fundamentales, que recoge los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos, y que Gran Bretaña no quiere que sea incluida en el nuevo tratado.
La propuesta alemana incluye una mención «cruzada» a la Carta, aunque deja abierta la posibilidad de que su aplicación se limite a las instituciones europeas y no los Estados miembros.
La creación de una presidencia estable de la UE, que reemplace al sistema rotativo, y sobre todo de un ministro europeo de Relaciones Exteriores, que no llevará ese nombre, también suscitan debate.
Tony Blair afirmó el lunes pasado que no cederá el control nacional sobre la política exterior, las reglas del sistema de seguridad social o el sistema judicial y policial británicos.
«El gobierno británico es claro, una falta de acuerdo es mejor que un mal acuerdo», advirtió de su lado el miércoles la ministra de Relaciones Exteriores británica, Margaret Beckett.
Pese a este clima beligerante de parte de británicos y polacos, los 27 ya lograron resolver algunas cuestiones, por ejemplo la desaparición del término «Constitución» o los símbolos, como la bandera o el himno de la UE, que algunos veían como el advenimiento de un super-Estado europeo.
Pero si la forma y la terminología han cambiado, la propuesta de la presidencia alemana parece haber logrado conservar gran parte del fondo del proyecto constitucional ratificado por 18 de los 27 Estados miembros, entre ellos España.
«Los desafíos a que encuentren los elementos que estaban en la Constitución y no están en el nuevo tratado», afirmó en ese sentido, con una sonrisa y la propuesta alemana en la mano, un responsable europeo que no quiso ser identificado.
En caso de acuerdo, el nuevo tratado podría ser firmado a fines de 2007 ó principios de 2008 y, tras la ratificación de cada Estado, entrar en vigor a mediados de 2009 para las elecciones europeas.