UE aprueba su «Pacto de Inmigración»


Tobí­as Billstrom (I), ministro sueco de Inmigración, Jacques Barrot (C), comisario europeo de Transporte y Movilidad, y Brice Hortefeux, ministro francés de Inmigración, durante la conferencia de prensa hoy en Bruselas.

La Unión Europea (UE) aprobó hoy el «Pacto Europeo de Inmigración y Asilo» presentado por Francia para controlar mejor los flujos migratorios, y avanzó en la creación de una «Tarjeta azul» para facilitar la llegada de mano de obra calificada de paí­ses terceros.


Reunidos en Bruselas, los ministros europeos del Interior e Inmigración dieron su acuerdo a la versión definitiva del Pacto, cuyas lí­neas generales ya habí­an recibido el apoyo de los 27 miembros de la UE en julio pasado en Cannes (sur de Francia).

«El Pacto hoy acordado dar respuesta a la posición que ha venido defendiendo España: control de los flujos migratorios, cooperación y colaboración con los paí­ses de origen y, finalmente, integración en el desarrollo de nuestras sociedades», indicó el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en conferencia de prensa.

«El Pacto es un recordatorio de un cierto número de principios: organiza la inmigración legal, desorganiza la inmigración ilegal y vuelve a Europa más protectora de cara a aquellos que no son protegidos en sus paí­ses», afirmó por su parte el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, cuyo paí­s ejerce la presidencia de la UE.

Los objetivos de la iniciativa son instaurar reglas comunes para regular la inmigración laboral, reforzar los controles en las fronteras del bloque, facilitar el regreso a sus paí­ses de origen a quienes hayan logrado entrar en Europa y armonizar las exigencias para los pedidos de asilo.

En cuanto a los puntos más polémicos, el referido a las regularizaciones de clandestinos fue levemente flexibilizado para admitir los casos por razones económicas, y la idea de un «contrato de integración» con obligación de aprender la lengua del paí­s de recepción fue retirada.

Durante la reunión, los ministros de los 27 dieron por otra parte un paso importante hacia la aprobación de la denominada «Tarjeta azul», inspirada en la «Green Card» estadounidense para promover la llegada a la UE de personal «altamente calificado».

El debate que tuvo lugar en Bruselas «en términos generales recoge el grueso de los principios, de lo que los paí­ses estamos de acuerdo», señaló Corbacho, agregando que espera un acuerdo definitivo sobre la cuestión «antes de fin de año».

«Hay un casi acuerdo sobre la casi totalidad de los puntos» del proyecto, confirmó poco después Hortefeux.

Para obtener esta «Tarjeta azul», los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos, como tener un diploma universitario de tres años o experiencia profesional de cinco años en un sector, así­ como asegurarse ganar un salario que represente el 50% más del ingreso medio del paí­s en el cual pretenden trabajar.

Ante las crí­ticas por la posible «fuga de cerebros» a la que podrí­a dar lugar esta iniciativa, los 27 incluirí­an un artí­culo que prevé que «los Estados miembros deben abstenerse de buscar la contratación activa en los paí­ses en ví­as de desarrollo en los sectores que sufren carencias de recursos humanos».

«Si se llega a determinar que hay un paí­s que tiene carencias de médicos, no parece razonable que vayamos ahí­ a contratar todos los médicos que necesitemos», explicó Corbacho.

De todos modos, aún quedan cuestiones por resolver, como la reticencia de los paí­ses del Este a la entrada de vigencia de esa iniciativa mientras sigan existiendo restricciones de acceso de sus trabajadores a los mercados laborales de los «viejos» miembros de la UE.

«Hay una reserva emitida por la República Checa que deberá ser trabajada por el Coreper (que reúne a los embajadores de los 27 en Bruselas)», admitió en ese sentido Hortefeux.

El pacto y la «tarjeta azul» se enmarcan en un paquete de medidas de la UE para controlar mejor sus flujos migratorios. La medida más polémica es la «Directiva Retorno», que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales en Europa con periodos de retención de hasta 18 meses.

Esta legislación ha provocado una reacción de protesta unánime en América Latina, la última de ellas manifestada mediante una declaración suscrita por los gobiernos de los once paí­ses de Sudamérica el pasado viernes en Montevideo.